TEGUCIGALPA, HONDURAS. Wilfredo Urtecho, apoderado legal del cuñado de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, Mauricio Mora, presentó hoy dos recursos de amparo a favor de su defendido, quien está procesado por el sonado caso “Caja chica de la dama”.
El togado explicó que uno de los recursos es en relación al auto de formal procesamiento dictado contra su defendido. Y, el segundo va dirigido contra la negación de darle medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Cabe indicar que las partes tenían 60 días para interponer dichos recursos. Los mismos, se presentaron 22 días antes de ese plazo.
A efecto de eso, Urtecho dijo que ahora esperan la resolución de la Sala de lo Constitucional.
Asimismo, indicó que ese caso ha pasado por el juzgado anticorrupción, y por la Corte de Apelaciones. Ahora será la Sala de lo Constitucional la que decidirá la suerte de Mora.
Como se recordará, el cuñado de la exprimera dama Rosa Elena está recluido desde el pasado 28 de febrero.
“Pedimos medidas distintas a la prisión preventiva o sobreseimiento definitivo, ambas cosas no se concedieron. Por eso se puso el recurso de amparo”, señaló Urtecho.
El profesional del derecho criticó que no se le ha dado un trato en igualdad de condiciones a su representado. Eso, porque no se le concedió defenderse en libertad.
Para finalizar cuestionó que a los miembros del Consejo de la Judicatura si se les permitió dicho beneficio. Y, eso que eran acusados de más de 600 delitos. Sin embargo, a su representado no se le concedió la ayuda.
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¿Qué es un recurso de amparo?
El amparo es una acción o un recurso, dependiendo de la legislación del país de que se trate. Lo anterior, tutela los derechos constitucionales del ciudadano. Y, es conocido por un tribunal específico como la Sala Constitucional o la Corte Suprema de Justicia (CSJ). O, bien un juez tribunal ordinario, según lo dispuesto en la legislación procesal de cada país.
El amparo cumple una doble función: protege al ciudadano en sus garantías fundamentales. Y, a la propia constitución garantiza la inviolabilidad de sus preceptos. Ya sean normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de autoridad que vulneren el contenido; o los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
