Redacción. Las autoridades han presentado un requerimiento fiscal en contra de 11 policías, a quienes se les presume responsables de los delitos de allanamiento por funcionario público, robo con violencia e intimidación agravada continuada, privación ilegal de la libertad, tortura, asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.
La acción fue anunciada por el Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Se trata de los agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco ): Yony Omar Raudales Núñez, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez, Evely Dalian Triminio Gonzales, Elvin Antonio Ramos Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández, Lener Gilberto Quintanilla Gallardo, Bertha Janina Alemán Antúnez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez y Fernando Josué Castellanos Canales, quienes se presentaron ante el juzgado. En el caso también está Andy Josué Pérez Zelaya, quien guarda prisión por otro delito.
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Abuso de poder
De acuerdo con el expediente del caso, los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2023, cuando los agentes de la Dipampco realizaron, sin tener orden judicial, un allanamiento de domicilio en Villanueva, Cortés. Los agentes ingresaron a la vivienda de dos personas originarias de Filipinas. Los oficiales les quitaron a los extranjeros las pertenencias.
Asimismo, a uno de los afectados lo trasladaron a otro lugar donde recolectan basura, tirándolo al suelo. Los uniformados le implantaron armas y drogas a la víctima. Los agentes luego emitieron un informe de investigación y remitieron como detenido a ese ciudadano. En el expediente se le acusaba de tráfico de droga, porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y uso prohibido.
Ante los hechos en mención, un el juez que conoció el requerimiento fiscal que presentó el MP descubrió el informe adulterado de los agentes de la Dipampco. La autoridad desestimó la acusación a los ciudadanos. Asimismo, ordenó la investigación de dichos hechos a través de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la ATIC.
Por estos hechos, se les dictó la medida de detención judicial a los agentes que se presentaron. La audiencia inicial se desarrollará este próximo lunes 19 de agosto del presente año.