TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un amplio número de pobladores de La Unión, Copán, están demandando la pronta intervención del Ministerio Público y del Gobierno para desalojar a «un grupo violento» y evitar el posible cierre de la Mina San Andrés, que dejaría sin trabajo a más de mil personas
Este martes, unas 20 personas se tomaron una zona de producción de Minerales de Occidente (MINOSA).
Los habitantes de las comunidades dicen que quienes protestan son una minoría.
Aseguran que los que están a favor del trabajo son muchos más.
Orlando Rodríguez, presidente del patronato de Azacualpa, una de las comunidades mineras, indicó que están preocupados.
Rodríguez declaró que este grupo no obedece a ninguna autoridad del municipio.
«Están obstaculizando los trabajos de la mina y están provocando el retraso de muchos proyectos de la empresa», añadió.
«Este retraso está afectando a mi comunidad. Necesitamos que se tomen medidas contra estas personas», precisó.
«Como líder de la comunidad no quiero que las personas de la comunidad y este grupo pequeño lleguen a un enfrentamiento que pueda tener consecuencias graves», manifestó.
El miedo de la comunidad es que la empresa ya anunció que por esta situación está buscando tomar medidas.
Esas medidas podrían estar relacionadas con la suspensión de algunos puestos de trabajo.
Le puede interesar: Honduras: Buscan que La Masica sea libre de minas
Sindicato de Trabajadores de Minerales eleva las alarmas ante dicha situación
«Lamentablemente tenemos que comunicarles que Minerales de Occidente iniciará un proceso de suspensión de labores», dice una carta que recientemente la gerencia de la empresa envió al sindicato.
Por esta razón, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Minerales de Occidente ha elevado las alarmas.
Fernando Trigueros, presidente de la Junta Directiva, pidió al Gobierno desalojar a esos manifestantes. Y preservar su derecho al trabajo.
«La comunidad de Azacualpa apoya la empresa, pero existe un grupo aislado que se oponen y tienen bloqueada una área de trabajo», destacó.
Además dijo «que no se ven los esfuerzos de las autoridades para restaurar el orden y los derechos de todos».
Lo anterior imposibilita la continuidad de la operación y «nos quita el derecho que tenemos de seguir laborando», declaró.
