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miércoles, mayo 1, 2024

Piden nueve años de cárcel para empresario del PRAF por fraude

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TEGUCIGALPA. Mediante el desarrollo de la individualización de la pena en el caso del empresario del PRAF condenado por fraude, el Ministerio Público pidió nueve años de cárcel para el encausado.

Ademas, las autoridades del MP demandaron una multa de dos millones de lempiras por el delito que se condenó.

El empresario es Luis Fernando Varela Moncada, para quien su defensa solicitó la pena mínima de siete años y seis meses de reclusión.

Varela Moncada fue acusado y condenado por haber retirado y luego apropiarse de fondos del Programa de Asignación Familiar (Praf).

Empresario del PRAF

En los años 2004, 2005 y 2006 se emitieron 218 cheques a nombre de ciudadanos que no tenían nada que ver con los del convenio.

El convenio fue entre la Secretaría de Salud y el Programa de Asignación Familiar, el que tenía un fondo de L. 532,714,250.

De los 218 cheques, 38 fueron depositados y retirados de varias cuentas bancarias a nombre Óscar Javier Girón Aguilar. El monto ascendió a 15,938,323 lempiras.

Se probó por parte del MP que los cheques fueron cobrados por Varela, incluidos 180 cheques restantes.

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Abogado dice que su defendido es inocente

Por su parte, el representante legal del acusado, Joel Zelaya, dijo que la sentencia es injusta. De igual forma aseguró que su defendido es inocente.

“No compartimos la decisión, consideramos que Luis Fernando es inocente… la Sala Cuatro ha fundamentado su sentencia a petición del Ministerio Público en cheques que no existen”, dijo.

El profesional del derecho señaló que no existen cheques originales ni a nombre del acusado.

«Para condenar a una persona tiene que haber pruebas claras porque no estamos en ningún juzgado que es con la mínima participación», dijo. Además, aseguró que «aquí tiene que probarse la plena prueba y participación”.

Antecedentes

La Agencia Técnica de Investigación Criminal intervino el pasado 30 de enero las instalaciones del PRAF.

Según información preliminar, el operativo es para secuestrar expedientes por múltiples denuncias contra la institución. La acción la realizan mediante el operativo del MP denominado operación “Tormenta de Fuego”.

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