Redacción. La Procuraduría General de la República puede deducir responsabilidad a diputados que votaron por destituir a exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en diciembre de 2012.
Eso podría ocurrir luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró culpable al Estado de Honduras por la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Ante ello, Honduras deberá pagar una indemnización compensatoria a los exmagistrados: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira.
No obstante, expertos en derecho aseguran que la condena no es para Honduras, sino que para todos los involucrados en la destitución de los magistrados en 2012.
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Aplicar responsabilidad a diputados
El abogado Jair López indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe de actuar en contra de cada uno de los diputados y funcionarios que avalaron dicha destitución. De acuerdo con el artículo 324 de la Constitución de la República son responsables todos los involucrados en dicho acto.
«Esa responsabilidad que ha decretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en primer lugar es directamente contra el Estado. Sin embargo, por dicha norma constitucional existe una responsabilidad solidaria, desde el punto de vista civil de las personas que produjeron ese acto ilegal», explicó.
En ese contexto, aseguró que actuar en contra de los involucrados en esa ilegalidad marcará un procedente en la historia de Honduras, ya que en «los actos ilegales del Gobierno difícilmente se logran esas acciones de repetición. Pero en este caso es necesario porque se trata de una condena internacional en contra del Estado de Honduras», expuso.
Indemnización
El profesional del derecho señaló que es el Estado de Honduras quien deberá pagar la indemnización a los cuatro magistrados afectados. No obstante, mediante la acción de repetición los diputados involucrados podrían asumir la responsabilidad.
«Es decir, de demandar civilmente a través de la Procuraduría General de la República a esos diputados que tomaron esa ilegal decisión», resaltó.
La repetición se define como la acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o exservidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o de grave culpa haya sido condenado el Estado al pago de una indemnización.
Además, mencionó que el Ministerio Público (MP) deberá deducir la responsabilidad penal de dicho acto. «Sin lugar a duda se trata de un acto violatorio a sus derechos y un acto constitutivo de delito. Es necesario perseguirlo también a través del Ministerio Público», sostuvo.
Mientras tanto, el vicecanciller de Honduras, Antonio García, contrastó con López y confirmó que la acción de repetición obligaría a que los diputados pagaran dicha indemnización.
«De hoy en adelante los funcionarios sepan que las decisiones que toman si las hacen ilegales y malas, les va a costar de su bolsillo en algún momento en el futuro», sentenció.
Diputados involucrados en ilegalidad continúan en el CN
Por otra parte, López dijo que es importante conocer los nombres de los diputados que votaron a favor de la destitución de los magistrados. Congresistas, que en su mayoría, siguen formando parte del Legislativo.
«Los nombres de estos diputados que tomaron esa arbitraria decisión, esa violación al Estado de derecho, deben hacerse públicos», puntualizó.
En ese orden de ideas, expresó que la población debe conocer quiénes son los congresistas que formaron parte de ese acto. Asimismo, dijo que a la hora de ejercer el sufragio se debe tomar en cuenta el daño que le han hecho a la democracia del país, concluyó.
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