AFP. Nueve países latinoamericanos rechazaron este martes la orden de arresto dictada por un tribunal de Venezuela contra el opositor Edmundo González Urrutia. El líder opositor denunció fraude y reivindica su triunfo en las elecciones presidenciales de julio, informó la cancillería ecuatoriana.
Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazan «de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto» emitido el lunes contra González Urrutia, señala un comunicado conjunto.
La fiscalía venezolana pidió el arresto de González Urrutia por presuntos delitos vinculados a los comicios, incluyendo «desobediencia de leyes» y «conspiración».
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La oposición venezolana asegura que González Urrutia fue el ganador de las presidenciales y publicó en una página web copia de más de 80 % de las actas de votación, según las cuales habría obtenido una mayoría contundente. Esa página es el foco de la investigación que llevó a la orden de arresto de González, de 75 años, y en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio.
El Consejo Nacional Electoral, en cambio, proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto para un tercer periodo con 52 % de los votos, pero no ha divulgado el escrutinio detallado. La oposición acusa a ese organismo de servir al gobierno.
Orden de detención
La orden de aprehensión «cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González. Además, desconocer la voluntad popular venezolana constituye persecución política», indicó el comunicado difundido por Quito.
Anotó que «en un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias, condenamos estas prácticas dictatoriales».
Las nueve naciones latinoamericanas expresaron que sus «esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad» de González Urrutia.
La fiscalía divulgó en su cuenta en Instagram una copia de la orden de arresto, también por delitos de «usurpación de funciones» y «sabotaje». La medida siguió al desacato de tres llamados del opositor a declarar ante la entidad acusadora como parte de una investigación penal en su contra.
El diplomático argumentó hace días que el Ministerio Público actuaba como un «acusador político». También que lo sometería a un proceso «sin garantías de independencia y del debido proceso».
