Redacción. Un total de 220 diputados del Congreso Nacional, así como los proyectos gestionados mediante subvenciones y en coordinación con distintas secretarías, serán auditados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
De acuerdo con el listado proporcionado por las autoridades del Congreso, se trata de 96 de los 100 diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), 70 de 88 del Partido Nacional y 39 de 44 del Partido Liberal.
También auditarán a 11 de 20 congresistas del Partido Salvador de Honduras (PSH) y los dos parlamentarios de la Democracia Cristiana y del Partido Anticorrupción. El TSC deberá emitir un informe sobre los proyectos gestionados en un plazo de 60 días.
Los parlamentarios, según se conoció, aún continúan realizando la liquidación de las subvenciones y de los fondos gestionados, conforme a lo establecido en el artículo 349 del Presupuesto General de la República.
La exposición de la gestión de estos fondos se da en el marco del escándalo por supuesta corrupción en la administración de ayudas sociales por parte de diputados, entre ellos Isis Cuellar, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Te puede interesar: Orellana: «Hay un clamor popular para que el MP investigue a fondo el caso Sedesol»
Fondos gestionados en 2023:
Fondos gestionados en 2024
Proyecto
La diputada por el PSH, Ligia Ramos, manifestó que su bancada trabaja en un proyecto para eliminar la facultad de los congresistas de gestionar fondos públicos.
“Nos pronunciamos en contra del uso de fondos del Estado por parte de los diputados en el Congreso, porque nuestro deber es legislar. Esta bancada se pronuncia en contra del uso de esos fondos”, comenzó diciendo.
“Se está preparando un proyecto de ley para derogar el uso de fondos del Estado de Honduras por parte de los diputados en el Congreso. Tiene que ver con la derogación de un artículo constitucional y de uno de la Ley Orgánica del Congreso Nacional”, prosiguió.
Ramos indicó que actualmente en el Poder Legislativo no existe una disposición para aprobar un proyecto de este tipo, pero que tienen el deber de presentarlo ante el pleno.
“Es un proyecto que demanda la ciudadanía, porque no quiere que los diputados usen fondos, ya que son recursos que no se pueden investigar y el mismo Congreso pone trabas para hacerlo”, concluyó.
¿Qué se necesita?
Silvia Ayala, diputada de Libre, afirmó que para derogar las subvenciones se necesita una reforma constitucional que requiere 86 votos, es decir, mayoría calificada, y la ratificación en la siguiente legislatura.
“El tema de las subvenciones está consignada en la Constitución. Requiere de una reforma constitucional que necesita 86 votos y ser ratificad en la siguiente legislatura”; dijo.
Al consultársele sobre si se deben dejar de emitir subvenciones, aseguró que habría que hacer una valoración, porque es la población quien solicita las ayudas al Congreso a través de los diputados.
“Lo que ha dado es un cuestionamiento del fondo por los malos manejos que ha habido en otro momento y en una situación en particular. Hay que valorar entonces si la población ya no va a solicitar o espera que lo haga el Congreso”, manifestó.
Indicó que para el Poder Legislativo es más fácil realizar la gestión por el renglón establecido en la Constitución.
