Redacción. La expulsión de tres niños ciudadanos estadounidenses a Honduras, junto a sus madres migrantes, ha generado un debate sobre las prácticas de deportación durante la administración del presidente Donald Trump.

Tom Homan, secretario de Seguridad Nacional, negó que se haya tratado de una deportación formal, argumentando que las madres optaron por llevarse a sus hijos tras ser detenidas.

La controversia surgió luego de que, la madrugada del viernes, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trasladaran a las familias, incluyendo un niño de apenas cuatro años con cáncer en fase avanzada, hacia Honduras, sin sus medicamentos ni facilidades para contactar a sus médicos. Otros dos menores, de dos y siete años, también fueron enviados en el mismo operativo.

Durante una entrevista en el programa Face the Nation de CBS, Homan insistió en que no se puede hablar de «deportación» en estos casos. Según su explicación, el término aplica únicamente cuando un juez de inmigración ordena la salida del país. En su defensa, subrayó que las madres habrían preferido llevarse a sus hijos consigo y que tener un hijo estadounidense no constituye «una carta para evitar las consecuencias migratorias». «Eso depende de las decisiones de los padres, no de la administración», afirmó.

Abogados advierten sobre violaciones al debido proceso

Sin embargo, expertos en inmigración ofrecieron una perspectiva diferente. Charles Kuck, abogado y profesor en la Universidad de Emory, puntualizó que, aunque técnicamente el término legal «deportación» podría no aplicar, en la práctica los niños salieron expulsados de Estados Unidos de manera irregular. «El gobierno estadounidense pagó el pasaje, lo que demuestra que facilitó su salida. Estos niños fueron deportados», sentenció.

Según los abogados de las familias, las madres y los menores se encontraban bajo custodia tras asistir a controles migratorios rutinarios en Nueva Orleans, en el marco del Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva. Sin previo aviso, los trasladaron a Alexandria, Luisiana, donde se les negó comunicación con familiares y representantes legales. Luego, los mandaron a Honduras.

Particular preocupación ha despertado el caso de la niña de dos años, a quien habrían enviado al extranjero en contra de la voluntad de su padre estadounidense. Horas después de la expulsión, el juez federal Terry A. Doughty expresó su inquietud mediante una orden judicial. En ella remarcó que deportar ciudadanos estadounidenses es «ilegal e inconstitucional».

Críticas a la rapidez del procedimiento migratorio

Mientras tanto, el senador Marco Rubio defendió la actuación de las autoridades migratorias en declaraciones a Meet the Press de NBC. Rubio culpó a los padres por la situación, afirmando que «depende de ellos» decidir si sus hijos permanecen en EEUU o se trasladan con ellos.

Expertos señalaron que, en administraciones anteriores, los hijos ciudadanos de inmigrantes deportados podían salir del país solo después de seguir un proceso más largo. Bill Hing, director de la Clínica de Defensa de Inmigración y Deportación de la Universidad de San Francisco, advirtió sobre la presión indebida que pudieron haber enfrentado las madres para firmar documentos de salida apresurada. «Tomar una decisión tan importante bajo presión extrema es muy preocupante», comentó.

Por su parte, John Sandweg, exdirector interino de ICE bajo el mandato de Barack Obama, destacó que en su tiempo se buscaba dar tiempo suficiente a los padres para decidir el destino de sus hijos ciudadanos. «Esta prisa por sacar a las personas genera graves problemas de custodia y tutela», alertó.

El caso reabre un viejo debate sobre los derechos de los ciudadanos estadounidenses menores de edad. Asimismo, de los riesgos de procedimientos migratorios apresurados que podrían vulnerar sus garantías constitucionales.