Redacción. El portavoz del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, refutó categóricamente las declaraciones del alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, quien sugirió una supuesta falta de supervisión e ineptitud por parte del ente acusador en el caso de Koriun Inversiones.

Mora aclaró que la función del MP no es la supervisión operativa de empresas y recordó que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ya había explicado la situación irregular de la entidad financiera en Choloma, que también tiene sedes en varios departamentos del país.

Detalló que el permiso de operación otorgado por la Municipalidad de Choloma no es más que un trámite administrativo, que se concede sin mayor escrutinio a cualquier negocio que lo solicite. «La alcaldía lo que hace es darle un permiso para que opere como empresa; eso se lo dan a cualquiera que lo solicita. Pero eso no quiere decir que la empresa esté facultada para recibir dinero de los ciudadanos», enfatizó el portavoz.

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Además, comentó que para la captación de fondos del público, las empresas deben contar con autorizaciones específicas de la CNBS, entidad reguladora encargada de proteger los ahorros de los hondureños.

Inversiones 

Por otra parte, Mora desmintió las afirmaciones de los representantes de Koriun sobre la supuesta fuente de los intereses que pagaban a sus inversionistas. «Los miembros de Koriun decían que los intereses los sacaban de materia prima, petróleo«.

En ese sentido, explicó que el MP pudo comprobar que eso no es cierto, que no existía ningún tipo de inversión real: «Los intereses que se pagaban a los socios provenían del dinero de los nuevos socios que ingresaban al sistema».

El portavoz también ofreció detalles sobre la estructura operativa del esquema, señalando la participación de estadounidenses en asociación con hondureños. «Quienes vienen a este negocio son ciudadanos de Estados Unidos que se asocian con hondureños», confirmó.

«Los hondureños eran quienes básicamente dirigían la empresa en Honduras, abrían las cuentas bancarias. Sin embargo, estos ciudadanos estadounidenses manejaban las claves y los ‘tokens’ para realizar los movimientos de dinero en las cuentas», añadió.

Permiso de operación en Choloma 

Horas antes, el alcalde de Choloma intentó deslindarse de cualquier responsabilidad en el caso Koriun, con el argumento de que el permiso de operación otorgado a la «fraudulenta» financiera fue un mero trámite administrativo, similar al que se concede a cualquier ciudadano o negocio.

«Ellos solicitan, como cualquier ciudadano, un permiso de operación. Ya el seguimiento, el lineamiento y todo lo tiene que hacer el SAR, la CNBS, lo tiene que revisar el Ministerio Público», sostuvo Mejía, buscando trasladar la carga de la supervisión a otras instituciones.

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Su postura, sin embargo, contrasta con testimonios y advertencias previas que indicaban que diversas personas ya habían alertado a la alcaldía cholomeña sobre las sospechosas operaciones de Koriun y la falta de permisos necesarios para la captación de fondos del público.

A pesar de estas señales de alarma, la administración de Mejía continuó permitiendo la operación de la empresa. Ahora, alega que la supervisión «no era de su incumbencia».

«Boom» de crecimiento

El edil defendió que la entidad operó durante más de 3 años antes de la intervención de las autoridades y que la revisión se produjo por el «boom» de crecimiento que experimentó. Incluso afirmó que el permiso inicial se concedió por un año y que Koriun llevaba aproximadamente dos años y medio operando en el municipio.

Además, realizó una declaración polémica sobre la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI, encargada de la administración de los bienes asegurados en Koriun), mencionando la llegada de «todo tipo de gente, militares, políticos y personas con ‘soles'».