TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva a los dos agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusados de extorsionar a un ciudadano en Comayagua.
Los imputados son Jayson Yusde Becam y José Manuel Soto Irías. A ellos, la Fiscalía Especial Contra el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FECESSJ) les presentó el requerimiento fiscal por suponerlos responsables del delito de extorsión agravada y además de asociación para delinquir.
El juez que conoce la causa tomó la determinación tras la celebración de la audiencia inicial, donde la fiscalía presentó los medios de prueba necesarios y que los inculpa en el delito.
En consecuencia ambos quedaron recluidos en la Penitenciaría Nacional de Támara, en el valle del mismo nombre en Francisco Morazán.
La acusación
La captura de ambos funcionarios de la DPI la ejecutaron la semana pasada detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Dicha operación de inteligencia se desarrolló en la ciudad de Comayagua, zona central de Honduras.
Las investigaciones establecen que ambos le estaban solicitando la suma de 70 mil lempiras a un comerciante individual en la zona. La víctima es exactamente un hondureño que se dedica a la venta de automóviles.
En tal sentido, el afectado denunció y explicó que los policías le manifestaron que pagar ese monto iba a evitar una acusación y captura en su contra. Asimismo, los encausados le dijeron al señor que lo habían denunciado en la DPI de Comayagua porque al parecer se dedicaba a vender vehículos robados.
Los investigadores de la fiscalía y ATIC constataron que los agentes de la DPI recibieron el dinero producto de la extorsión. Asimismo, confirmaron que el acto se consumó el pasado 4 de diciembre del año en curso.
Antes de ello, se comunicaron con el afectado y le manifestaron que para no capturarlo tenía que darles un adelanto. El primer pago fue de 20 mil lempiras.
Además, el Código Procesal Penal de Honduras establece en su artículo 373 que quien comete el delito de extorsión puede enfrentar una condena de 10 a 20 años de cárcel.
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