Redacción. La restitución de tierras a las comunidades garífunas en Honduras, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), continúa siendo un proceso lento que podría tener repercusiones graves para el país.

El abogado penalista Nelson Domínguez advirtió que, de no cumplirse con las sentencias emitidas por la Corte, Honduras podría enfrentar una condena pecuniaria significativa.

Domínguez explicó a Diario Tiempo que, al existir una sentencia firme de la CorteIDH, su incumplimiento podría resultar en una sanción económica para el país. “Si no se le da cumplimiento a esta sentencia, Honduras podría ser sentenciada a una condena pecuniaria, ya que son varias las comunidades afectadas”, señaló el abogado.

Según él, este es un problema grave tanto para el gobierno como para el pueblo hondureño, pues las demoras en el proceso de restitución afectan directamente a las comunidades garífunas, que llevan años esperando la devolución de sus tierras ancestrales. «Es el pueblo hondureño el que termina pagando», externó.

Domínguez enfatizó que, dado que ya se ha emitido una sentencia, el gobierno de Honduras debe actuar con celeridad para evitar consecuencias más graves. «El gobierno tiene un grave problema si no ejecuta esta sentencia«, concluyó el abogado.

Contexto

El proceso de restitución comenzó con la sentencia de 2015 sobre las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Sin embargo, el mismo ha estado marcado por retrasos y obstáculos que algunos consideran de índole política.

Humberto Castillo, presidente de la Asociación de Afrodescendientes del Valle de Sula (Asafrova), también se refirió a la lentitud en la ejecución de las sentencias. Él señaló que las comunidades continúan esperando la restitución completa de sus tierras, particularmente en los casos de Triunfo de la Cruz y San Juan. Castillo instó al gobierno a acelerar el proceso, afirmando que la situación genera nerviosismo y desesperación en las comunidades afectadas.

A pesar de los esfuerzos recientes, como el inicio de la devolución de tierras en Punta Piedra en octubre de 2024, el proceso aún es insuficiente para satisfacer las demandas de las comunidades garífunas. Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), calificó el avance como “histórico”, pero reiteró que, después de nueve años de espera, aún quedan muchas expectativas por cumplir.