Redacción. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, dijo a Diario Tiempo que la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, debería de enfrentar igualmente una investigación tras la masacre donde murieron 46 reclusas en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (PNFAS), el 20 de junio de 2023.

Esto, según el experto en derechos humanos, no sólo porque Villanueva era -en ese entonces- la titular de la Comisión Interventora de los centros penales del país, también porque ahora señala a otros como responsables del hecho cuando ella tenía el cargo en sus manos.

«Estamos conociendo la moneda únicamente por una cara, es decir, la responsabilidad de quienes cometieron el ilícito del feminicidio múltiple al interior de la PNFAS», afirmó.

«Ahora falta conocer la otra cara de la moneda y es la responsabilidad del Estado de Honduras. ¿No habían autoridades penitenciarias en ese tiempo?, ¿no habían directores o directoras al interior del centro (penitenciario)?, ¿no había seguridad?, añadió Maldonado en una entrevista con Diario Tiempo.

Para Maldonado, en el caso de la matanza en la cárcel, la justicia únicamente está viendo desde el aspecto de las autoras materiales, o sea las 15 pandilleras procesadas. No obstante, aún se desconoce el requerimiento fiscal contra las autoridades que dirigían en ese momento el sistema penitenciario a través de la intervención.

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Función de la viceministra en la masacre

«En el papel de quien dirigía (en este caso Julissa Villanueva) hay dos aspectos. Uno es que era la viceministra de Seguridad y el otro era que era la presidenta de la Comisión Interventora del sistema penitenciario (de Honduras). Que no le eche la culpa a nadie, que no se lave las manos como Poncio Pilato, da pena señarla. Pero quieren tener al pueblo hondureño como un tonto», explicó Maldonado.

En torno al conflicto que se mantiene entre Villanueva y el titular de Seguridad, Gustavo Sánchez, el presidente del Codeh recordó que luego de la tragedia en PNFAS a quien destituyeron fue al entonces ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y no a la viceministra que dirigía la interventora de los penales.

«‘¿Por qué ella se empecina que investiguen a otros y no quiere que se le investigue a sí misma bajo la responsabilidad de que como funcionaria de Estado le correspondía en aquel momento? Por lo consiguiente, Codeh pide al Ministerio Público que queremos conocer la otra cara de la moneda de quienes eran los funcionarios que estaban a cargo del sistema penitenciario», exigió.

«También queremos conocer a quién van a deducir responsabilidades a la interventora. Aquí queremos nombres y apellidos», acotó Maldonado, subrayando que «no es justo sentenciar a las reclusas procesadas» y no conocer la responsabilidad también de las autoridades y agentes penitenciarios del año de la matanza.

En la actualidad, quince pandilleras están sometiéndose a juicio oral y público por una acusación de varios delitos en la masacre. El Ministerio Público informó que cuenta con las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.