Redacción. La propuesta de Marcio Sierra, titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), de usar fondos públicos para compensar a los afectados por la financiera irregular Koriun Inversiones desató fuertes advertencias de economistas, juristas y exfuncionarios, quienes señalan que violaría la ley, constituiría un delito y respondería a intereses electorales.
Las autoridades hondureñas confirmaron que utilizarán recursos del presupuesto nacional para responder ante la millonaria estafa de Koriun, señalada de operar bajo un esquema fraudulento. Hasta ahora no se ha revelado con exactitud el monto total de la deuda de la empresa, pero se sabe que es millonaria y afectará a miles de personas, principalmente de escasos recursos.
«El Gobierno dice que va a ser responsable para cubrir esos fondos porque va a salir del presupuesto público o de alguna manera», expresó Sierra, quien comparó la situación con lo ocurrido en el pasado con el alza en las tasas de interés, cuando se aplicó un mecanismo de compensación. «Este es un caso de bienestar público y el Estado debe intervenir para proteger a la gente», añadió.
Sierra señaló que las personas que tenían depósitos mayores a 250,000 lempiras serán evaluadas por separado, verificando el origen de esos fondos.
En paralelo, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, informó que la presidenta Xiomara Castro instruyó buscar mecanismos para que los afectados recuperen su dinero con respaldo estatal. Adelantó, además, que se trabaja en una reforma legislativa para restituir el delito de esquemas financieros fraudulentos, eliminado en reformas anteriores al Código Penal.
Una propuesta «populista» e «irresponsable»
Sin embargo, los cuestionamientos son evidentes. Para el economista Roberto Lagos, la iniciativa está totalmente fuera de lugar. «En el caso de la financiera Koriun, sus actividades eran ilícitas. ¿Qué marco legal tiene el Gobierno para garantizar esos recursos? ¿Saldrán de la Tesorería General de la República?», escribió en su cuenta de X.
Lagos advirtió que la CNBS está actuando con populismo en el contexto de un proceso electoral inminente. «El presidente de la CNBS anda prometiendo irresponsablemente que el Gobierno se hará cargo de garantizarle los recursos a las personas afectadas por Koriun. ¿Saben siquiera cuánto es la deuda total?», se preguntó, al denunciar la falta de cifras oficiales y la opacidad con la que se ha manejado el tema.
Delito del Estado
El ex fiscal general de la República, Edmundo Orellana, fue contundente al referirse al tema. «Si la presidenta Castro le paga a los socios de Koriun con dinero del Estado, está cometiendo un delito», dijo.
También alertó que la decisión no sólo sería ilegal, sino que además abriría la puerta a miles de demandas similares. «No puede existir un trato selectivo», sostuvo, cuestionando el silencio del Ministerio Público ante los indicios de delitos financieros.
El abogado penalista Abel Orellana fue aún más específico al mencionar posibles delitos como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y responsabilidad penal. «No se puede justificar una acción negligente tocando el dinero del pueblo. Ese dinero son impuestos del pueblo pobre», subrayó.
Lamentó que se haya permitido operar a Koriun por al menos seis años sin supervisión: «¿Dónde estaban las comisiones de vigilancia?», preguntó, y recordó que una acción de repetición podría activarse contra los funcionarios responsables si el Estado termina pagando.
En esa línea, el diputado liberal Alberto Cruz coincidió al decir que no hay fundamento legal para que el Estado utilice fondos públicos en este caso. «Ni siquiera se han concluido las investigaciones y ya el Gobierno quiere pagar. Esto podría ser una maniobra política en Choloma, donde Libre ha tenido resultados electorales débiles», expresó.
Sin fundamento constitucional
Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), reprochó que asumir el pago de los daños por parte del Estado sentaría un precedente peligroso. «¿Dónde está establecido que el Estado puede hacerse cargo de esto? En ningún artículo se están basando. El único que aplicaría es el 321 de la Constitución: ningún funcionario tiene más atribuciones que las que expresamente le concede la ley», explicó a Diario Tiempo.
Solórzano explicó que, si el Estado hace eso, estaría alimentando futuros fraudes al crear «un espejismo de que el Gobierno cubrirá daños financieros causados por empresas privadas».
A su juicio, lo que corresponde es investigar, deducir responsabilidades penales y civiles, y buscar los fondos de forma legal.
El papel débil del Ministerio Público
Otro de los aspectos más cuestionados ha sido la falta de acción oportuna del Ministerio Público a pesar de que la denuncia contra Koriun fue pública desde hace meses.
Ivis Discua, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresó: «el MP debió intervenir desde el primer momento. Koriun estaba captando dinero del público sin supervisión. El Ministerio Público puede actuar de oficio, y lo que se necesitaba era que se nombrara una junta liquidadora. Pero todo ha recaído en la CNBS, que no tiene esa competencia».
Discua igualmente señaló que el Ministerio Público no tiene suficiente capacidad técnica para abordar este tipo de delitos financieros complejos, y sugirió que el fiscal general, Johel Zelaya, debería apoyarse en el consejo consultivo, integrado por exfiscales con experiencia.
Solórzano coincidió en que el MP no puede permanecer como un simple espectador. “El Código Penal ya establece delitos como estafa, fraude, lavado de activos. El MP debe investigar y llegar a todos los involucrados. Si es una sociedad, debe haber socios. El gerente general ya fue capturado, pero a él lo nombró una sociedad”.
¿Estrategia política?
Una visión diferente ofreció el abogado penalista, Oliver Erazo, quien advirtió que se trata de una estrategia que tendría un alto costo político. “El Gobierno quiere vender la teoría de que ellos son los salvadores del pueblo. Pero tomar dinero del presupuesto público para conservar el poder también es robar descaradamente”, expresó.
Erazo cuestionó la narrativa que, a su parecer, busca minar la credibilidad de instituciones como el Ministerio Público, la Policía y las Fuerzas Armadas. “¿Cuál es el objetivo de maximizar ese mensaje? ¿Refundar el Estado a través de una Constituyente?”, advirtió, asegurando que “dejaron ver su juego y su costo político será grandísimo”.
El caso Koriun evidenció falencias en la supervisión, posible manipulación política en tiempos preelectorales y la alarmante inacción de las autoridades encargadas de la investigación. La mayoría de los expertos coincide en que el Estado no debe ni puede hacerse cargo de devolver el dinero que recaudó una empresa al margen de la ley.
