Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de la República ordenó en las últimas horas a la Secretaría de Finanzas, la suspensión del Fondo de Desarrollo Departamental, asignado a los diputados del Poder Legislativo.
Lo anterior fue anunciado por la titular de Finanzas, Rocío Tábora, quien indicó que la determinación fue ordenada por el mandatario Juan Hernández. Esto, hasta que exista un reglamento de cómo serán distribuidos los recursos.
El memorando DM-013-2018 con fecha 31 de enero de 2018, señala que con la reglamentación del fondo “habrá más transparencia”. Además, rendición de cuentas y agilidad sobre el manejo de los recursos.
En ese sentido, dicho documento fue dirigido a la Dirección General del Presupuesto y Dirección General de Inversión Pública. También, a la Dirección de Transparencia, Tesorería General de la República, Contaduría General de la República, Gerencia Administrativa y Auditoría Interna.
Con ello, se espera que los nuevos diputados del actual Congreso Nacional no podrán solicitar recursos estatales. Esto, para promover la construcción de obras sociales en cada uno de sus departamentos.
De igual manera, se prevé que se puedan efectuar liquidaciones y justificaciones de gastos en que incurren los legisladores que llevan proyectos a sus respectivos lugares de origen.
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L. 400 millones serían los fondos congelados
Según la secretaría de Finanzas, 400 millones de lempiras del Fondo Departamental no deberán ser desembolsados a los “padres de la patria” este año.
Es oportuno mencionar que el Poder Legislativo anterior había aprobado dicha cantidad millonaria. Esto, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 230 de las disposiciones generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal del año 2018.
Pero con la medida de la Secretaría de Finanzas estos recursos económicos estatales quedaron congelados. El memorándum no indica el tiempo en que se mantendrán suspendidos estos recursos.
Señalamientos de la MACCIH por caso “Red de Diputados”
Es oportuno recordar que, la utilización irregular del Fondo Departamental ha sido cuestionada por diferentes sectores de la sociedad hondureña. Ello, motivados por la denuncia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
En diciembre de 2017, la Maccih denunció el caso conocido como la “Red de Diputados”. Hecho, en el que salieron salpicados cinco exdiputados de la anterior cámara legislativa.
Se trata de los exdiputados Augusto Cruz Asensio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Eleázar Juárez y Dennys Sánchez. A ellos se les acusó de haberse apropiado de fondos públicos para desviarlos a través de organizaciones no gubernamentales.
Sin embargo, quedaron libres la semana anterior luego de que la jueza determinara turnar el caso al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Esto, luego de una polémica reforma a la Ley de Presupuesto, aprobada en el mismo Congreso Nacional anterior.
La Maccih reparó en esta reforma hasta que ya estaba vigente al ser publicada en el diario oficial La Gaceta.
De acuerdo a datos del Legislativo, esta reforma fue aprobada el jueves 18 de enero del año 2018 a las 5:11 de la tarde con el apoyo de 69 diputados, 11 abstenciones y dos votos en contra.
Ante ello, el vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, bautizó dicha aprobación como “un pacto de impunidad”.
Según la Maccih, también están salpicados cerca de 60 exdiputados y exdiputadas que habrían malversado fondos públicos utilizando una red de ONG. Tal y como lo habrían hecho los diputados señalados anteriormente.
Las pesquisas de la Maccih indican que esta red se apropió de más de 1,300 millones de lempiras entre los años 2011 y 2015.
