Es del conocimiento general que para la existencia de un régimen democrático es fundamental la congruencia entre la opinión pública y las políticas de Estado. Una interrelación indispensable, asimismo, para dar legitimidad a los gobiernos.
La conformación del régimen de opinión pública es, sin duda, la más importante realización democrática, habida cuenta que proviene de la concreción del pensamiento y el sentimiento del pueblo –de la masa social– referidos a los
problemas e intereses del Estado y, en particular, al comportamiento del gobernante.
La contrapartida al régimen de opinión pública –de esencia social—es el control de pensamiento, en nuestro caso el fascismo, que recurre a la propaganda sistemática y a la manipulación informativa incesante para desconocer y desvirtuar el valor democrático de la opinión pública, precisamente con la finalidad de imponer políticas divorciadas del interés nacional y adversas al Estado de bienestar.
Esa tendencia al autoritarismo y a su máxima expresión totalitaria viene a ser, de un tiempo a esta parte, un elemento primordial de lo que dan en llamar la “democracia capitalista”, de sello neoliberal, que se concentra en el control de los medios de comunicación social y de los mecanismos de creación informativa, entre ellos las encuestas y las elaboraciones estadísticas.
De esa manera se produce deliberadamente una discrepancia sustancial entre las políticas de Estado y la opinión pública, sin considerar que esta última debería ser asumida como el poder decisorio, el criterio directriz, de la acción gubernamental. En Honduras no hay cabida en el régimen actual a ese deber ser del gobierno democrático, lo cual da, entre sus nefastos resultados, la disolución institucional y la ausencia de legitimidad.
Esta es una cuestión primordial que salta a la superficie cuando se analiza con juicio independiente el descalabro económico y financiero, la desigualdad social, el aplastante nivel de pobreza y la falta de rumbo coherente del país, todo ello concernido en desgobierno que no ha sabido articular políticas de Estado en conformidad con las aspiraciones de la sociedad y del pueblo, vale decir en función del interés general y de la soberanía nacional.
La cooptación del sistema de comunicación social y la permanente manipulación informativa, a un costo incalculable en términos políticos y sociales, así como en oneroso despilfarro del dinero público y del patrimonio nacional, nos
ha deparado a los hondureños un profundo descreimiento de los partidos políticos tradicionales, de los medios de comunicación social y de los productos estadísticos locales e internacionales.
Sin embargo, este hecho indubitable, aunque fallido, no hace mella en la continuación del programa oficial de control del pensamiento de la sociedad hondureña porque, a final de cuentas, lo que importa es la fabricación de una
imagen artificial que sirva para justificar la cooperación internacional, el proceso de militarización y el régimen neoliberal, a despecho de la opinión pública.
Revertir ese proceso es quizá el reto político más importante e inmediato de la sociedad y el pueblo hondureño, de cara al próximo proceso electoral, en el sentido de llegar al punto de hacer respetar, a como haya lugar, la opinión pública a partir del ejercicio directo en las mesas de votación y en la formulación y ejecución de las políticas de Estado.
