AFP. Una organización de derechos humanos de El Salvador pidió «justicia y reparación», por las 600 personas masacradas por militares a orillas de un río hace 44 años mientras intentaban escapar de la guerra civil.
El 14 de mayo de 1980, asesinaron a más de 600 niños, mujeres y ancianos en la comunidad Las Aradas a orillas del río Sumpul, en la frontera con Honduras, a unos 100 kilómetros al norte de San Salvador.
Una investigación de una Comisión de la Verdad creada por la ONU concluyó en 1993 que los militares «dieron muerte deliberadamente», a los civiles no combatientes que intentaban cruzar el río para refugiarse en Honduras.
Justicia
«Se cumplen 44 años de impunidad en la masacre de Sumpul y hay falta de voluntad de aplicar medidas de justicia y reparación», declaró a la AFP el abogado Alejandro Díaz, de la ONG Tutela Legal.
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Tutela legal denunció la matanza ante la justicia en 1992, acusa de estos crímenes a miembros del Ejército, de la extinta Guardia Nacional y de la Organización Democrática Nacionalista (Orden).
El informe de la ONU establece que «la masacre fue por la cooperación de las Fuerzas Armadas hondureñas, para limitar el paso de los pobladores salvadoreños» al vecino país.
Asimismo, consideró que «hubo encubrimiento de los hechos por parte de las autoridades militares salvadoreñas y que esa masacre constituyó una seria violación» de las normas del derecho internacional humanitario.
Masacre
Tutela Legal acusa por la masacre a un grupo de oficiales encabezados por el entonces ministro de la Defensa, general José Guillermo García, de 90 años.
Sobre el general García pesa una orden de detención por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en marzo de 1982.
Para evitar ir a prisión por el caso de los holandeses, García permanece internado en un hospital privado desde hace 21 meses.
Durante la gestión de García, considerado el militar más poderoso de la Fuerza Armada en su momento, cometieron 41 masacres, según la ONG de Derechos Humanos Cristóbal.
«Indulto para todos»
Mientras esta ONG busca justicia, la agrupación de generales retirados afirmó en una declaración, con motivo del bicentenario del ejército salvadoreño, el 7 de mayo.
En esa misma ocasión, el general retirado Humberto Corado, ministro de la Defensa en 1993-1995, pidió un indulto para todos los militares.
De una u otra forma somos enjuiciados, ese para nosotros el mejor regalo en este Bicentenario», dijo Corado.
Proyecto de ley
El coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, lamentó que un comité del Congreso dominado por el presidente Nayib Bukele, archivara un proyecto de ley para castigar a los responsables.
«Quieren seguir protegiendo a los victimarios y no a las víctimas», afirmó Montenegro.
La guerra civil salvadoreña dejó más de 75.000 muertos, miles de desaparecidos y cuantiosas pérdidas a la economía nacional.
