Redacción. La organización humanitaria Plan Internacional informó este martes que el 53% de los 3,5 millones de niños y niñas que tiene el país viven en extrema pobreza.
La especialista de Protección de Niñez de Plan Internacional, Janeth Flores, expresó que «la situación actual de la niñez es lamentable, tenemos niños y niñas que viven día a día cualquier tipo de vulneración de derechos».
Asimismo, Flores indicó que más del 53% de los 3,5 millones de niños y niñas en Honduras viven en extrema pobreza, una situación que ha aumentado la deserción escolar.
Del mismo modo, lamentó que en el país centroamericano hay mucha niñez en desnutrición y en situación de calle, algunos de ellos escapan o deciden irse de sus hogares donde sufren de violencia o abuso sexual.
Según Plan Internacional, el 14,7% de las jóvenes hondureñas entre 15 y 19 años han sufrido violencia física en sus hogares.
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Abuso sexual a menores
Flores explicó que el abuso sexual a menores es otro problema que afecta a la niñez en Honduras, donde tres de cada cinco niñas víctimas quedan embarazadas.
Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), citados por Plan Internacional, la prevalencia de abuso sexual durante la niñez en Honduras es de 7,8%. Es decir, el «más alto» de Centroamérica.
En ese sentido, Flores reclamó «más voluntad política» para dar una «respuesta efectiva» y velar por el «bienestar» de la niñez en Honduras.
De la misma manera, exigió más inversión pública en infancia en Honduras, donde el Estado destina solo 1,30 dólares al día para atender la niñez.
El Estado debe garantizar los derechos del niño(a)
Plan Internacional promueve la reactivación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (Sigadenah) para que el Estado garantice a la infancia sus derechos.
El Sigadenah permitirá al Estado y organizaciones responder de manera «integral» frente a los problemas que afectan a las niñas, niños y adolescentes, apuntó.
La especialista insistió en que las niñas y niños en Honduras están en una situación «crítica», por lo que el Gobierno, la sociedad civil y organizaciones humanitarias tienen «un reto grande» para garantizar sus derechos.
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