Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, ordenó ayer iniciar una nueva investigación en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras aún se desconoce el resultado de la primera pesquisa que inició para determinar a los actores responsables del caos de las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo pasado.
El caos en las elecciones primarias e internas tuvo como un destacado protagonista a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.).
El paseo de las maletas electorales en la capital y San Pedro Sula, provocó que los electores esperaron hasta 15 horas para ejercer el sufragio. El papel de los militares de custodia del proceso electoral se rompió, lo que generó una confrontación abierta entre la cúpula que encabeza el general Roosevelt Hernández y las autoridades del CNE, particularmente con las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, quienes responsabilizaron a la institución castrense de ese caos que se vivió.
Además, el papel de las «gloriosas» en esos comicios generó críticas al general Roosevelt, quien llegó a agredir verbalmente a la consejera presidenta del CNE, Cossette López. Hernández, cada momento que pudo, se lavó las manos y dijo que el caos de las primarias era culpa de las autoridades electorales.
“Las Fuerzas Armadas somos obedientes, no deliberamos por decisiones que corresponden al poder político. Somos asesores del sector político porque somos geoestrategas y geopolíticos”, acotó en su momento el general.
Cambio de discurso
No obstante, hace un par de semanas y desde San Pedro Sula, el oficial de mayor rango en el instituto armado cambió su versión de lo sucedido en marzo cuando afirmó que habrá elecciones y que el problema de las primarias fue el recurso del tiempo.
“Las elecciones generales este 30 de noviembre serán limpias, transparentes, democráticas y puntuales. (Xiomara Castro) nos hizo énfasis en que somos garantes en el ejercicio de la alternabilidad en la presidencia”, dijo.
Agregó que “el grave error que se hizo (en marzo) fue el tiempo; el recurso tiempo» fue importantísimo. Ahora en el cronograma del CNE que se realizó por ellos mismos, nos dice que van a entregar el material 48 horas antes. Una vez que nos entreguen ese material ya estamos listos para trasladarlo”.
Además, repitió que, aunque la Constitución señala que previo a los comicios pasan a disposición de las autoridades electorales, “estamos a la orden, siempre a la orden de nuestra comandante”.
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La actuación del MP
Un día después de las elecciones primarias e internas, el MP anunció la conformación de un grupo de fiscales de élite, conformado por distintas unidades para hacer una investigación a fondo de las irregularidades.
“Deben tener la certeza de que investigaremos a fondo cualquier anomalía. Les reitero mi compromiso de llevar ante la justicia a quienes hayan intentado dañar este proceso”, declaró Johel Zelaya en ese momento.
Una de las primeras acciones fue el secuestro de documentos dentro del órgano electoral. Tras ello, el mismo mes de marzo presentó un requerimiento fiscal en contra de Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto Transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), y contra Raúl Amílcar Rivera Montoya, Dennis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, miembros de la Comisión Evaluadora.
Asimismo, el MP requirió a Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., mismo que hasta el momento enfrenta un proceso judicial.
Además, el ente acusador realizó la toma de declaraciones de Roosevelt Hernández, en el Estado Mayor Conjunto de Tegucigalpa, al considerarlo “persona de interés”. Sin embargo, no se volvió a conocer mayores detalles.
Cita
Tras ello, citaron a los consejeros para que el 10 de abril comparecieran ante el MP. La comparecencia se llevó a cabo en un complejo hotelero de la capital. El único en brindar declaraciones ante la Unidad Especializada de Delitos Electorales fue Marlon Ochoa.
Mientras que las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall entregaron dos pericias a la Fiscalía, y no rindieron una declaración ante los fiscales, con base en su derecho constitucional.
«Nos reunimos por más de dos horas y media con seis fiscales, agentes de la ATIC y auditores. Entregamos dos informes periciales, 1,168 folios y un disco duro de 1 TB con información técnica que respalda la aplicación de la objetividad, como lo establece el artículo 93 del Código Procesal Penal. Además, invocamos el artículo 88 de la Constitución. Decir ‘medias verdades’ no contribuye a la justicia del país. No abona a la justicia del país», dijo la consejera presidenta en ese momento.
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Militares
Mientras se desarrollaba el proceso judicial en contra de los encargados del transporte y contrataciones del órgano electoral, fueron surgiendo nuevos elementos de lo sucedido en las primarias.
Los choferes de las unidades de transporte “rapiditos”, en su declaración jurada, denunciaron que hubo una falta de custodios y aseguraron que recibían órdenes de militares para quedarse estacionados en lugares estratégicos y evitar llegar a los centros de votación.
Congreso Nacional
Después de la acción del MP, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, creó una comisión especial conformada por diputados del oficialismo para citar a los tres consejeros a brindar declaraciones por lo sucedido.
Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López fueron las primeras en comparecer; expusieron las críticas situaciones a lo interno del CNE y la falta de condiciones democráticas para encarar las generales. Además, entregaron distinto material documental y pruebas de lo acontecido el pasado 9 de marzo de este año.
Finalmente, Marlon Ochoa tuvo su participación un día después y expuso su posición de la problemática. La comisión especial anunció que realizaría un informe de la declaración y las pruebas documentales que presentaron los consejeros.
No obstante, hasta la fecha no han emitido ningún informe y únicamente han justificado que “es mucha información” y están analizándola.
Nueva problemática
Cuando el proceso avanzaba en el cumplimiento del cronograma electoral para las elecciones generales, una nueva problemática surgió luego de que el pleno de consejeros aprobó una doble verificación previa a que los resultados se divulguen mediante el TREP.
La problemática y postura de Marlon Ochoa en contra de la verificación escaló la situación, pues colectivos de Libre impidieron que las empresas presentaran las ofertas para adjudicar el TREP. Ante ello, el Congreso Nacional, a través de la comisión especial creada para investigar las elecciones primarias, los citaron para que declararan ante el pleno la problemática. No obstante, colectivos de Libre irrumpieron en el hemiciclo legislativo e interrumpieron el procedimiento.
Seguidamente, Ochoa no atendió al menos seis llamados a sesión de pleno, y lo mismo hicieron los consejeros suplentes Karen Rodríguez y Carlos Cardona. El consejero representante de Libre amenazó con no ir a sesiones si no se discutía una enmienda al TREP.
En medio de la problemática ante una posible sesión por mayoría de consejeros, Ana Paola Hall fijó su postura en contra y puso a disposición su cargo. Posteriormente presentó su renuncia ante el Congreso, pero no le dieron trámite.
De igual manera, Ochoa no firmó una solicitud que debía ser enviada al Congreso para que se adjudique el TREP, mismo que vencía a la medianoche del 29 de julio. No obstante, ante esa postura, López remitió una solicitud y no se la recibieron en el Congreso y no se dio trámite.
Nueva cacería
Horas después de la sesión del Congreso Nacional, Johel Zelaya anunció de forma enérgica la existencia de «una conspiración» contra las elecciones generales previstas para el próximo 30 de noviembre, y anunció la intervención inmediata del CNE por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
“Déjenme decirles que hay un CNE que no está respondiendo a los intereses del país, sino a intereses de grupos. Hay una conspiración contra las elecciones generales que no vamos a permitir”, afirmó Zelaya.
El fiscal dijo que ya contaba con información sobre nuevos actores involucrados en la supuesta conspiración, los cuales se estarían sumando a quienes participaron en el proceso electoral de 2017, cuestionado por múltiples irregularidades.
“Les hago un llamado a los tres consejeros: les va a llegar una citación que deberán contestar de inmediato. Si bien es cierto la Constitución les da las prerrogativas de que ellos pongan lugar y fecha, no quiero que eso se vaya a alargar, que no vayan a salir con un informe de auditoría privada, eso es una falta de respeto a la institucionalidad”, señaló.
Zelaya amenazó con requerimientos fiscales en contra de los consejeros porque expresó que “hay un MP al que no interesa si son altos funcionarios”.
Sin condiciones
Ante la acción del MP, que duró al menos seis horas, los fiscales y miembros de la ATIC ingresaron a distintas ramas del CNE, entre ellos a la Unidad de Contrataciones y Compras Electorales para incautar el expediente original vinculado a la contratación del TREP.
Mientras un grupo de ciudadanos se manifestó en contra de las acciones del MP, denunciando una violación a la autonomía del CNE. Además, el fiscal anunció citatorias a los consejeros por los delitos de traición a la patria, prevaricato, abuso de autoridad y violación de deberes.
No obstante, la consejera López afirmó que los fiscales se llevaron “documentación que nosotros necesitamos para continuar con el proceso. Por ley deberíamos quedarnos al menos con una copia certificada”.
“La situación ha llegado a un punto en que trabajar en el Consejo Nacional Electoral es, para muchos empleados, prácticamente insostenible”, agregó López.
Mientras se desarrolla este nuevo episodio, varios sectores se preguntan dónde está el primer informe sobre el caos de las primarias.
