Redacción. El Ministerio Público presentó en las últimas horas un recurso de apelación en contra del fallo que emitió un juez de privación de dominio que ordenó la devolución de 157 bienes incautados en la Operación Caudillo de 2021.
Según el comunicado, se ordenó la devolución sin fundamento jurídico. Además, las personas involucradas no tienen cómo probar el origen legal de más de tres mil millones de lempiras.
A criterio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la decisión desconoce los principios del proceso de extinción del dominio de bienes de origen ilícito.
De acuerdo al análisis de los fiscales, el juez se extralimitó en sus facultades y asumió atribuciones que solo tiene la Sala Constitucional (SC).
De manera que se resolvió la devolución de 25 bienes inmuebles. También, nueve sociedades mercantiles, 82 productos financieros, 23 vehículos automotores, 17 de equipo pesado, un lote de ganado, menaje de casa e inventario de mercadería.
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En tal sentido, además de la impugnación ya presentada, el Ministerio Público procedió a interponer formal denuncia contra el referido juez de privación de dominio.
La denuncia se presenta tanto ante la Supervisión General del Poder Judicial como ante la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ).
Operación caudillo
La operación se desarrolló en marzo de 2021 y dejó como saldo a tres personas capturadas y posteriormente señaladas por el delito de lavado de activos.
Los detenidos fueron José María Rojas, Mario Cruz Pérez Cuéllar, Erika Leticia Gómez y Javier Adaly López Alvarado, exalcalde de Cucuyagua, Copán.