TEGUCIGALPA. En 10 años la corrupción causó una pérdida económica de 52 mil 600 millones de dólares a Guatemala, Honduras y El Salvador, conocidos como el Triángulo Norte. La cifra corresponde a un estudio realizado por el Grupo Global de Integridad Financiera, y corresponde a un daño económico en la región entre 2003 y 2012.
Dicha información fue proporcionada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que urgió a fortalecer a las instituciones y mecanismos que combaten a la corrupción.
Esto equivale a que, en un año, los países del Triángulo Norte habrían perdido el 68 % de su Producto Interno Bruto (PIB), según explicó el presidente de la ANEP, Jorge Daboub.
Para hacer frente a este tipo de situaciones es que la cúpula empresarial anunció algunas propuestas que entregará en el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) 2016 para mejorar el combate a la corrupción desde el Estado.
“La mayoría de leyes que existen están orientadas a que la sociedad haga bien las cosas… muy poca legislación de la que existe está orientada a que las instituciones funcionen bien y que los funcionarios hagan bien su trabajo”, expresó Daboub.
Entre las propuestas se encuentran cambios a las leyes para la elección de funcionarios en la Fiscalía General de la República (FGR), Corte de Cuentas de la República (CCR) y Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Hasta ahora ambas elecciones se realizan con requisitos ambiguos y, en ocasiones, valiéndose de negociaciones privadas entre partidos políticos. “Debe abolirse la influencia partidaria en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia… en estos momentos que la corte plena ha asumido la función de combatir la corrupción”, opinó el representante de Aliados por la Democracia, Juan Domingo Méndez, presente en la conferencia de ANEP
Entre las recomendaciones también se encuentra establecer en las leyes que cada período legislativo se adoptarán límites y restricciones para el gasto y el endeudamiento del Estado.
El director legal de ANEP, Javier Argueta, expresó que no definirán un porcentaje específico para reducir la deuda, sino presentarán un mecanismo para analizar dicho rubro y marcar límites razonables.
