TEGUCIGALPA, HONDURAS. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó en las últimas horas que sí existe la participación de exmiembros, tanto de la Policía Nacional como del Ejército de Honduras, en las desapariciones múltiples registradas en el norte y litoral atlántico del país.
Los secuestros de varias personas se han reportado en los sectores de Las Marías en Tela, Atlántida y en Baracoa, Cortés. Hasta ahora, se desconoce el paradero de estas personas y según el funcionario hay varios elementos que se desprenden de ambos casos.
El ministro dio estas declaraciones tras la información vertida por el abogado penalista, Carlos Chajtur, quien se refirió sobre la participación de exuniformados en estas desapariciones masivas en la zona norte.
Según el ministro, el abogado dice «algunas verdades a medias» y por ello la Secretaría de Seguridad debe contar la otra parte, para así informar a la población y generar un balance.
«Uno de los secuestrados que él menciona (Chajtur) que es ingeniero, es hermano de alias «Chafalo», pedido en extradición y está en la Penitenciaría Nacional. El abogado Chajtur es el abogado de él, es una acción lícita profesional de él porque es abogado», declaró Sánchez.
Sin embargo, destacó el hecho y coincidencia de que el abogado también fue el defensor de Erika Bandy y Magdaleno Meza (ambos fallecidos). De la misma manera, resaltó que ampara otro sujeto acusado de narcotráfico y solicitado en extradición.
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Los exuniformados
De la misma manera, el titular de Seguridad acotó que, «hay expolicías secuestrados y se supone que hay expolicías en bandas que secuestran, también hay exmilitares«. Sin embargo, afirmó que eso no significa que el problema sea la Policía Nacional.
En ese sentido, aseguró que esto se trata de estructuras criminales que usan uniformes y tienen un gran equipo táctico. Es justamente a estas a las que se deben enfrentar las fuerzas de seguridad del Estado.
De acuerdo con Sánchez, en estas desapariciones «una estructura secuestró a la otra. Lo que hay que dejar claro es que las bandas criminales se han atomizado por el descabezamiento y por la histórica extradición de personas están replanteando un mercado criminal”.
Portación de uniformes
En cuanto al tema de la portación y uso ilegal de la indumentaria militar y policial, el ministro de Seguridad comentó que en las reformas solicitadas al Congreso Nacional se plantea que esta acción es un delito grave y que se debe sancionar.
La pena por esta falta, según la reforma, se incrementaría en una tercera parte ya que existe una planificación bajo ese patrón para cometer múltiples delitos.
También, el funcionario aseguró que los uniformes de la Policía Nacional cuentan con registro e inventario, además de un chip. Es por ello -según el funcionari- que es difícil que un elemento de la institución se preste a estas situaciones, que son un delito.