TEGUCIGALPA. La operatividad de la minera Inversiones Pinares, en Tocoa, Colon, está precedida de una serie de eventos que ponen en duda la transparencia de su instalación en un área protegida.

Inversiones Pinares explota su mina en una zona núcleo de la Montaña Botaderos, un área protegida de acuerdo con los pobladores del sector de Guapinol, Tocoa.

Pero para que la empresa de Lenir Pérez se instalara sospechosamente, la extensión del área protegida de la montaña Botaderos se redujo mediante decreto en el Congreso Nacional. Este decreto se aprobó en 2013, según un trabajo periodístico publicado recientemente por Jessenia Molina.

El Congreso declaró la montaña Botaderos como un área protegida en agosto de 2012. Esta zona tenía 23,223 hectáreas cuando se declaró área protegida en Colon. Pero un año después los diputados modificaron lo que habían aprobado. Con un decreto del 16 de diciembre de 2013 le quitaron 217.34 hectáreas a la zona núcleo del área protegida.

Con este cambio abrieron la puerta a proyectos mineros en la zona que debía ser protegida por su riqueza natural. El escrito también detalla cómo en Tocoa, Colón, se repartieron la zona núcleo del parque nacional montaña Botaderos. Esta es un área protegida que forma parte del sistema montañoso de Honduras y que conecta con el corredor biológico mesoamericano, que es el que abastece de agua al Valle del Aguán, en la zona Atlántica.

Congreso Nacional modificó decreto

 “El Congreso Nacional modificó 217.34 hectáreas y coincidentemente son parte de la zona núcleo donde se van a establecer dos de los proyectos mineros. Han solicitado 100 hectáreas cada uno; es decir, que la cantidad que se reduce es la cantidad que requiere las empresas para hacer esta explotación minera, que antes no la podía hacer porque era parte de la zona núcleo”, dijo en aquel momento Juana Esquivel de la Fundación San Alonso.

Todos querían una parte del pastel

La reducción del área beneficiaba a la empresa Emco Mining Company, ahora Inversiones Pinares. Lenir Pérez y sus socios buscaban extraer óxido de hierro de la tierra del Parque Nacional Montaña Botaderos.

Área protegida fue reducida para ser explotada por minera. 

¿Quién otorgó el permiso a la minería?

El 28 de enero del 2014 el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) otorgó el permiso de operación a la minera Inversiones Pinares para explotar por 10 años la montaña.

Para otorgar esta concesión, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la población del lugar tenía que ser consultada. Aquí es donde surgen más interrogantes, pues quien debía consultar a los pobladores y socializar el proyecto era la Alcaldía de Tocoa; pero, misteriosamente las autoridades edilicias se saltaron este paso.

¿Por qué no lo socializó?

Por lo anterior, cuando la maquinaria llegó a la montaña y empezó a trabajar, el malestar en los poblados creció. Ellos no quieren perder la montaña y no aceptan a la mina.

Ambientalistas aseguran que se violentó el Convenio 169, que habla sobre el derecho a la consulta y que se incluye en la Ley de Minería, aprobada en 2013, donde establece que se debe hacer un proceso de consulta. Este proceso no se realizó, por lo que los pobladores no tenían idea del proyecto minero. Los lugareños y vecinos del sector de San Pedro Sula, ante la desinformación, denunciaron y protestaron contra la minera.

Más detalles sobre el permiso

“Para otorgar el permiso de explotación, forzosamente se requiere la licencia ambiental, porque si no estaríamos incurriendo en abuso de autoridad”, dijo Danilo León, representante de INHGEOMIN. Esa fue la explicación que dio esa instancia de Gobierno sobre el otorgamiento de los permisos de exploración y explotación en la montaña Botaderos. Pero para los vecinos del sector San Pedro, el proceso fue ilegal. “A nosotros no se nos consultó, no nos tomaron en cuenta, por lo que todo es ilegal.

El alcalde dice que no tiene nada que ver, se lava las manos y él aprobó también que la mina explotara el cerro”, afirmó José Santos Hernández, presidente del Patronato de la comunidad de Las Flores, del sector San Pedro.

Los pobladores se tomaron carreteras y exigían a la Alcaldía Municipal un alto a la explotación minera. Pero esas protestas no provocaron ningún cambio. Son dos concesiones la ASP 1 y ASP 2 que durante 10 años explotarán la montaña.

Mientras unos se resisten, otros avalan a la mina, “estamos de acuerdo con la minera, esa empresa nos está ayudando con la construcción de la carretera, lo que nadie había hecho por nosotros”, expresó Julio César Hernández, presidente del Patronato “de la comunidad San José de García, del sector de La Laguna.