TEGUCIGALPA. Con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar estrategias de apoyo ligadas a la problemática migratoria y la trata de personas en las zonas fronterizas entre Honduras y El Salvador jueces y operadores de justicia se reunieron en un importante conversatorio en el que intercambiaron experiencias con el fin de establecer estrategias de apoyo con respecto a la problemática migratoria que se da en las zonas fronterizas de ambas naciones.
El encuentro se celebró en la ciudad de San Miguel, El Salvador, promovido por el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos (PIFJ/OEA) y el Poder Judicial hondureño, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para grupos en condición de vulnerabilidad.
Los acuerdos entre ambos países serán presentados a las autoridades correspondientes de cada país, con la finalidad de que tomen medidas y que estas ideas sean retomadas por los gobiernos.
El desarrollo del conversatorio se llevó a cabo con la participación de siete jueces de paz de Honduras e igual número de El Salvador, quienes conformaron diferentes mesas de trabajo para unir criterios y esfuerzos a fin de identificar soluciones frente a los problemas que ocasiona el fenómeno migratorio y las situaciones conexas que afectan a la población de ambos países.
Los operadores de justicia sumaron estrategias para implementar un marco jurídico conciliatorio apegado a las leyes y reglamentos de cada país que permita aplicar los debidos procesos de la justicia a los hondureños y salvadoreños que incurran en alguna falta o delito según lo determinen las autoridades en cada nación.
A consideración de los jueces que asistieron al evento, estos lugares son zonas en las que con frecuencia las autoridades fronterizas de cada país reportan el contrabando ilegal de mercadería debido a que muchos sectores en la franja fronteriza no cuentan con aduanas que regulen el tráfico comercial.
Otro de los problemas de mayor incidencia es el tráfico de personas que se origina como una de las consecuencias de la migración, una situación alarmante que a juicio de los asistentes debe resolverse con prontitud ya que en gran cantidad de casos las personas terminan siendo víctimas de la explotación laboral o explotación sexual comercial.
“Nosotros pretendemos que los facilitadores judiciales sean partícipes del fomento en los ciudadanos para que tomen medidas preventivas que conlleven a evitar que sean víctimas de la migración irregular o de la Trata de Personas”, explicó Omar Bonilla, magistrado de la Corte de Apelaciones de Comayagua, zona central de Honduras.
Asimismo, los jueces analizaron las medidas que podrían implementarse en el caso de algunos individuos que han cometido delitos o faltas en cualquiera de los territorios y que poseen doble nacionalidad, lo que les permite moverse con mayor libertad entre los territorios y burlar la justicia.
Los jueces de paz de ambos países tienen la responsabilidad de impulsar junto a los facilitadores judiciales el acceso a la justicia en situaciones como las mencionadas y contribuir en las comunidades a reducir este tipo de problemática junto a los líderes comunitarios.
DATO
Entre los municipios colindantes por parte de Honduras se encuentran Santa Ana, Marcala, Yarula, San Elena, en el departamento de La Paz, Santa Lucia; Magdalena y Colomoncagua en Intibucá.
