ESTADOS UNIDOS. “Por favor no escriba mi nombre, diga que me llamo Nancy”, dice la mujer al otro lado del teléfono. Está llorando. “Tengo miedo que me deporten porque si lo hacen, me matan a mí y a mi hija”.
Nancy es una de las 22 mujeres que desde la semana pasada permanecen en huelga de hambre en el centro de detención familiar de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el condado Berks, Pennsylvania. Le piden al gobierno que las libere mientras los tribunales deciden sus futuros en Estados Unidos.
“Llegué a la frontera en busca de asilo el 4 de noviembre del año pasado, con mi hija que ahora tiene 14 años”, cuenta. “A los tres días tuve una entrevista con un oficial de asilo. No entendí lo que me estaba preguntando. Pusieron un intérprete al teléfono pero la llamada se cortaba a cada rato. Tenían que volver a llamarlo”.
La historia de Nancy la interrumpen sus propios sollozos. Aclara la voz y continúa, lento, como la espera para saber si al final del día le darán o no el asilo. “No dejaron que hablara. El intérprete me decía por teléfono que respondiera si o no. Fueron como dos horas tratando de contarles por qué huimos de Honduras. Al poco tiempo me llamaron y me dijeron que no me daban el asilo”.
La huida
Le pregunté a Nancy por qué huyó de Honduras. “Porque mi hija vio algo”, respondió. Insistí un par de veces para que me contara qué vio. “Algo malo”, dijo. “Muy malo. Le dijeron que la iban a matar”. Insistí para que me dijera qué vio, si se trató de un crimen. “Sí, fue algo muy malo”, volvió a decir. “Pero no me dejaron que se los explicara. Y me dijeron que cuando ellos me preguntaron si yo tenía miedo de volver a mi país, dicen que yo les dije que no. Por eso no me daban el asilo. Pero le repito, no pude explicarme y el intérprete solo me decía que respondiera si o no”.
El llanto vuelve a interrumpir la conversación telefónica. “Mi esposo vino a los días después con mi otra hija de 9 años. A él lo deportaron y a mi niña se la entregaron a una cuñada porque ella la peleó para que se la dieran. Y yo me pregunto por qué hicieron eso. Y ahora mi miedo es que nos manden de regreso. Nos tienen como criminales y no lo somos. Hemos venido huyendo para defender la vida de mis hijas”.
El caso Castro
Nancy no es la única madre inmigrante detenida en Berks y que denuncia el sistema de entrevistas de asilo. Las mujeres aseguran que no pudieron explicar las razones por las cuales se vieron forzadas a huir.
En noviembre del año pasado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) hizo una petición de Habeas Corpus a nombre de 28 mujeres centroamericanas, todas ellas privadas de libertad -con hijos menores- mientras las cortes resuelven sus casos.
El recurso, conocido como caso ‘Castro versus Department of Homeland Security’, alega que las entrevistas hechas por agentes de inmigración fueron superficiales, y por ello no otorgaron las protecciones que ellas reclaman.
El grupo de derechos civiles explicó que el proceso de deportaciones iniciado por el gobierno federal fue “defectuoso”, y llevó a tomar decisiones que tilda de “incorrectas”. Precisó además que en muchos casos los inmigrantes que huyen de sus países no han tenido la capacidad de desafiar la legalidad de sus expulsiones una vez les niegan los pedidos de asilo.
La semana pasada pararon la protesta por medio a perder la custodia de sus hijos. Pero al no tener respuesta del gobierno, dejarán de comer hasta que las liberen.
“Pedimos ver a un juez”
El 8 de agosto, 18 de las 28 mujeres de la demanda participaron en una huelga de hambre junto a otras cuatro, también centroamericanas, para pedirle al gobierno de Obama que las libere. Dos semanas después dieron por cancelada la protesta por miedo a que las autoridades les quitaran la custodia de sus hijos.
La huelga fue sustituida por un ayuno que duró siete días, al término de los cuales recibieron una mala noticia. La Corte de Apelaciones del 3er Circuito les negó sus peticiones de asilo y con ello la posibilidad de que un juez las escuche.
Las 28 inmigrantes afectadas, entre ellas Nancy, son originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Al día siguiente del fallo reanudaron la huelga de hambre. “Estamos apelando el dictamen de la corte porque queremos que un juez nos vea y no escuche”, dice Nancy. “Nosotros tenemos la necesidad de quedarnos. Hemos venido huyendo para defender la vida de nuestra hija. Ella está amenazada de muerte. La verdad, hemos caído en algo injusto y quiero que por favor nos den una verdadera entrevista para poder salir de este lugar”.
En el dictamen de la Corte de Apelaciones del 3er Circuito, el juez D. Brooks Smith anotó que el panel que revisó el caso es «comprensivo de la condición difícil» de las inmigrantes que piden asilo pero que no tenían derecho a protecciones constitucionales.
En las explicaciones del recurso de habeas corpus del año pasado ACLU dijo que entre las afectadas por el rechazo a las peticiones de asilo, había una madre salvadoreña y su hija de 2 años que huyeron para escapar de graves abusos físicos a manos de la madre de una expareja del padre de su niña, quien la violó y la amenazó de muerte.
Otra inmigrante y su hijo de 7 años, indica, huyeron de Honduras para escapar de un líder de la banda criminal que amenazó con matar a la mujer y secuestrar al niño si ella continuaba resistiéndose a sus avances sexuales.
Un tercer caso involucra a una madre y su hijo de 7 años, ambos originarios de El Salvador, quienes fueron amenazados de muerte por una pandilla (mara) porque el padre del menor había colaborado con la policía local.
Las tres familias, dijo el grupo de derechos civiles, recibieron una orden de deportación luego que les negaran sus casos durante “una breve entrevista”, y alega que “estas madres y niños nunca tuvieron la oportunidad de presentar sus casos ante un juez de inmigración”.
Deportarlos sería “devolverlos a la persecución que originó sus huidas y la búsqueda de asilo”, dijo la ACLU.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha dicho a Univision Noticias a través de un correo electrónico que «se toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestra atención», y que estaba siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en el centro familiar de Berks.
Agregó que “se toma muy en serio” las denuncias hechas por las madres de Berks, y que todas ellas “están siendo revisadas”. También aseguró que no habrá represalias contra el grupo en huelga de hambre.
Fuente: Univisión Noticias
