Redacción. El Consejo Nacional Electoral (CNE) desembolsó más de 60 millones de lempiras para la contratación del servicio de transporte del material electoral en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo en Honduras. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por retrasos y fallas que generaron indignación entre los votantes.
El contrato, identificado como CNE-PEP-UCCE-006-2025, fue suscrito el 6 de marzo entre la consejera presidenta del CNE, Cossete Alejandra López-Osorio Aguilar, y Carlos Salomón Fonseca Robles, gerente general de la empresa contratista Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L de C.V.
El acuerdo establecía que el contratista proporcionaría el servicio de alquiler de transporte pesado para el traslado y retorno del material electoral.
El contrato contemplaba la movilización del material desde el INFOP en Tegucigalpa hasta los centros de acopio departamentales y, posteriormente, a los centros de votación en varias ciudades, incluyendo el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba y El Progreso.
También se estipulaba el uso de furgones estacionarios de 48 pies para el almacenamiento del material electoral.
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Retrasos y fallas en la logística
A pesar de la millonaria erogación de fondos, el 9 de marzo se registraron problemas en la logística del transporte, particularmente en el Distrito Central y San Pedro Sula, donde las maletas electorales llegaron con demoras a los centros de votación.
Además, se cuestionó el hecho de que el material no lo transportaron en camiones pesados, como se había previsto, sino en buses ejecutivos, lo que generó dudas sobre el cumplimiento de los términos contractuales.
El pago estipulado en la cláusula cuarta del contrato ascendía a 64,789,021.78 lempiras, una cifra que ahora se encuentra en el centro del debate debido a las irregularidades evidenciadas en el proceso.
La población y diversos sectores han expresado su preocupación por la aparente ineficiencia en la ejecución de este contrato. Seguidamente, exigen explicaciones sobre el incumplimiento de los términos pactados y una revisión de la adjudicación de este millonario servicio.
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