TEGUCIGALPA, HONDURAS. El abogado Marlon Duarte, uno de los abogados de Inversiones Continental, señaló que sus representados pretenden conciliar con el Estado de Honduras para que la demanda que sobrepasa los mil millones de dólares no termine causando daños colaterales a los hondureños.
Como se informó, la demanda interpuesta por Inversiones Continental Panamá ante un tribunal arbitral internacional ya fue admitida. Esto, siguiendo los establecido por los tratados de los que Honduras forma parte, detalló Duarte.
El togado aseguró que el Estado a través de sus abogados se personó y conocen ampliamente la demanda. En ese sentido, Duarte aclaró que «no se notifica la intención de la demanda sino la demanda».
«Lo que nosotros queremos es que conciliemos con el Estado de Honduras para que no se le cause un daño a Honduras. Que podamos reparar este tipo de situaciones que se vienen dando. Hay empresas que se puedan salvar, hay algunos bienes que todavía se pueden restaurar. No obstante, también hay situaciones que no se pueden reparar», aseveró el apoderado legal.
Añadió que Inversiones Continental Panamá está abierto, como perjudicados, a poder llegar a un acuerdo. Esto, con el fin de no cargar más al pueblo hondureño. Según Duarte, la población ya enfrenta muchas situaciones que afectan sus intereses.
Por ello, se buscará «conciliar a efecto que no le genere un daño más grande de lo que ya le causó al pueblo hondureño esa arbitrariedad», concluyó el abogado.
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«Estamos sólidos con nuestros argumentos jurídicos»
Por otra parte, Marlon Duarte aseguró que en el tribunal internacional se presentaron las pruebas que sustentan la demanda. Mismas que también serán presentadas en el juicio de privación de dominio que se desarrolla en Honduras.
«Si usted no tienen miedo como estado de Honduras porque realizó las cosas bien, entonces no tendrá problemas y va a ganar en su demanda. Y si nosotros no podemos probar, pues vamos a perder la demanda. Pero estamos claros, estamos sólidos con nuestros argumentos jurídicos», sostuvo el especialista en derecho.
Además, recriminó que en este caso la Ley de Privación de dominio fue aplicada de manera irregular y arbitraria.
