Tegucigalpa, Honduras. La población más joven en Honduras, El Salvador y Guatemala ha sido una presa de las maras y pandillas que se fijan, específicamente, en los adolescentes de entre 13 a 15 años, para reclutarlos y obligarlos a cometer actos cada vez más violentos, de acuerdo con un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un extenso documento de la CIDH se detalla la vulnerabilidad de los adolescentes antes los grupos criminales que operan en esos tres países.
Según el informe, estos criminales suelen reclutar a los más jovencitos aprovechando la inimputabilidad de los países. En Guatemala, por ejemplo, el código penal libra de pena a los menores de 13 años, mientras que en Honduras y El Salvador eximen a los menores de 12 años. «En este contexto, esta población es utilizada para labores cada vez más violentas», señala el documento.
Los crímenes que las bandas delictivas suelen hacer están asociados con tráfico de drogas, trata y tráfico de personas, explotación laboral y sexual, tráfico de armas, robos, homicidios y extorsiones. Y los niños que forman parte de las maras y pandillas están en la obligación de cometer todos esos tipos de delitos.
«Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se encuentran en una situación especial de riesgo a violaciones de derechos, incorporando y naturalizando la violencia, y viendo limitadas sus oportunidades de desarrollo», indica el informe.
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Recomendaciones
El informe, además, dejó varias recomendaciones que los Estados deberían tomar en cuenta para frenar con el flagelo.
Entre las recomendaciones destacan:
- Preparar y adecuar los sistemas de protección urgente y cautelar del Estado para responder diligentemente a los riesgos reales e inmediatos que puedan generar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan sufriendo vulneraciones a sus derechos por la acción del crimen organizado, maras o pandillas.
- Establecer programas efectivos que busquen neutralizar el reclutamiento forzado de esta población.
- Elevar la edad mínima para la consideración de la responsabilidad penal entre los 14 y 16 años
- Incluir en los programas de reinserción social el acompañamiento y tratamientos relativos a la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Que todos estén desvinculados del crimen organizado.
- Garantizar la participación de esta población, familias y sectores comunitarios en el diseño de las políticas públicas para combatir el crimen organizado.
