Redacción. El Senado de Louisiana, controlado por los republicanos, aprobó a favor de la SB 388, un proyecto de ley que permitiría a la policía estatal y local de Luisiana arrestar y detener a cualquier persona que sospechen que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
Este proyecto imita una ley similar de Texas, la SB4, que actualmente está en suspenso mientras el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito decide si la ley es constitucionalmente sólida o no.
Los abogados de Texas argumentan que el estado tiene derecho a defender su frontera sur y la ley ayudará a lograr precisamente eso.
Mientras que la Administración Biden, la ACLU y otros grupos de derechos de los inmigrantes dicen que la ley va más allá de la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir la ley de inmigración.
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La SB 388 ahora se dirige a la Cámara de Representantes de Luisiana para mayor discusión y debate. Si el proyecto de ley llega al escritorio del gobernador Jeff Landry, su implementación dependerá de la decisión de los jueces federales sobre la SB4.
Creación de ley SB 388
La senadora republicana Valarie Hodges de Denham Springs fue la autora de la SB 388 y argumentó ante el pleno del Senado que el proyecto de ley era una medida para que Luisiana fuera dura con la inmigración ilegal y los problemas que rodean la frontera sur.
“Sé que hay algunas personas que están preocupadas por el proyecto de ley, pero lo que más me preocupa es la gente de Luisiana, lo que le está costando al estado y lo que nos está costando a nosotros en empleos, tasa de criminalidad y seguridad”, dijo Hodges.
Asimismo, esta medida exige que la policía local y estatal haga el trabajo que normalmente hacen los agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas, arrestando a cualquier persona en Luisiana que pudieran haber sospechado que llegó al estado sin la documentación adecuada o que vive en el estado sin las visas adecuadas.
Los infractores podrían enfrentar un año de cárcel y/o hasta $4,000(casi 100 mil lempiras) en multas por la primera infracción. Cualquier otro delito podría conllevar hasta dos años de cárcel.