Redacción. El periodista Rony Martínez sigue en el ojo del huracán tras revelarse que aparte de su contrato millonario con Planificación Estratégica, firmó uno más con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en el año 2022, utilizando sus influencias en el gobierno para beneficiarse económicamente y con una dudosa certificación.
El contrato fue adjudicado a la empresa GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V., vinculada a Producciones Periodísticas UNE TV, medio donde labora Martínez.
El contrato “Servicios de Publicidad y Propaganda de las Loterías Mayor o Grande y Chica o Menor de Honduras” establece que dichos servicios estarían a cargo de “El Medio”, nombre asignado al canal oficialista favorecido por la influencia del también exdiputado Martínez.
Además, detalla que la publicidad del PANI se mencionará en los espacios “UNE A.M., UNE NOTICIAS MERIDIANO, Programa de 3 a 5 y UNE Noticia Estelar”, emisiones en las que participa el periodista. Otra cláusula indica que “El Medio” deberá transmitir los sorteos de las loterías a cargo del PANI.
Más de L200,000
El trato de la empresa de Martínez y la institución del Estado tuvo una duración de tres meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, se desconoce si este tuvo nuevas ampliaciones.
Mensualmente, el PANI desembolsó 60,000 lempiras a GLOBAL TELECOM. El PANI le pagó al medio de comunicación a través de Martínez más de 200,000 lempiras por concepto de publicidad. Sin embargo, Martínez lo firmó días antes que la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) inscribiera a GLOBAL TELECOM como proveedor del Estado, contrario a lo que establece la Ley.
Millones de Planificación Estratégica
Al mismo tiempo que firmó el contrato con el PANI, Martínez también aseguró jugosas sumas de dinero provenientes del Tesoro Nacional a través de la cuestionada Secretaría de Planificación Estratégica (SPE).
Martínez obtuvo contratos para el mismo medio de comunicación a través de la sociedad antes mencionada (GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.), lo que para sectores opositores al gobierno es una clara muestra de tráfico de influencias.
Los montos que hasta la fecha habría recibido el periodista y dirigente de Libre, como supuesto empleado de Planificación Estratégica y al mismo tiempo como testaferro de la empresa antes mencionada, podrían ascender a 15 millones de lempiras, escándalos que solo se asemejan a los registrados en el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH).
Fue Rashid Mejía, candidato a diputado, quien denunció el presunto doble pago con fondos públicos a Rony Martínez. La misma muestra 14 erogaciones hechas por Planificación Estratégica, realizadas entre 2023 y 2024, dos de ellos con montos de L1,680,000 lempiras y L960 mil. Según el joven aspirante, solo esas pruebas suman un monto de unos 9 millones de lempiras.
Asimismo, Mejía denunció que Rony Martínez es beneficiado con el pago de pauta publicitaria por la transmisión de eventos de la presidenta Xiomara Castro y otros actos a través de la empresa Global Telecom. El precandidato a diputado adjuntó una serie de facturas de dichos pagos, cada una con hasta 350 mil lempiras.
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No obstante, la Ley de Contratación del Estado prohíbe que un funcionario público en ejercicio firme contratos personales con cualquier institución estatal.
¿Estaba certificado?
Otro punto cuestionable del contrato con el PANI es que, además de haberlo firmado como funcionario público, Martínez no estaba certificado como proveedor al momento del acuerdo, tal como lo exige la ley.
Para hacer negocios con el Estado, es obligatorio estar registrado como proveedor o contratista certificado en el Registro de Proveedores y Contratistas (RPC) de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), según la Ley de Contratación del Estado.
Sin embargo, su certificación ante ONCAE fue emitida el 9 de diciembre de 2022, 25 días después de haber firmado el contrato con el PANI el 23 de noviembre de 2022. Esta situación plantea dudas sobre la legalidad del acuerdo y si Martínez incumplió con los requisitos establecidos por la ley.
La situación expuesta deja en evidencia la posible violación de normas legales y éticas. Pero también expone el uso de influencias indebidas para obtener beneficios económicos a costa de recursos públicos.
Las inconsistencias en la certificación de Martínez y la opacidad en los contratos firmados con entidades estatales aumentan las dudas de corrupción en estos acuerdos.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue a la espera de que las autoridades correspondientes actúen con firmeza ante estas irregularidades que empañan la confianza en las instituciones del Estado.
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