Roatán. Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) localizaron sano y salvo a un adolescente que había fingido su secuestro, ya que sus padres no lo dejaban jugar «Free Fire». El hecho ocurrió en Roatán, Islas de la Bahía.
Las investigaciones apuntan que el joven había planeado todo el engaño y le mandaba mensajes amenazantes a sus familiares. Él estaba exigiendo 200 mil lempiras por su liberación del supuesto secuestro.
Los familiares, al recibir los mensajes, informaron de inmediato a las autoridades policiales de la zona. De inmediato, los investigadores asignados a la Unidad Antisecuestro (UNAS) se desplazaron para localizar al menor.
El joven de 15 años fue encontrado en el sector conocido como El Berriche, West End, Roatán, Islas de la Bahía.
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Los hechos
El jueves 7 de marzo del 2024, los agentes recibieron la información de que el joven estaba desaparecido. Luego, la familia recibió un mensaje de texto de número de teléfono que portaba la víctima, señalando un secuestro y que por la libertad tenían que pagar 200 mil lempiras.
Los agentes se desplazaron y al realizar el proceso confirmaron que se trataba de un autosecuestro. El joven manifestó que había fingido la acción con la finalidad de obtener dinero para solventar gastos personales. Esto, porque tenía problemas con su familia y sentía que le restringían el uso del teléfono para jugar «Free Fire».
Según el menor, fingir que estaba privado de su libertad era una manera fácil de conseguir el dinero que necesitaba.
Debido a los elementos que hay sobre lo acontecido, al menor se le puede acusar de cometer infracción penal tipificada como simulación de infracción inexistente. Esta, tienen sanciones en la legislación hondureña.
Los agentes pondrán al menor a la orden de las autoridades competentes para que se siga con el proceso que demanda la ley.
Los agentes policiales realizan las diligencias correspondientes al caso, por lo que se espera que en los próximos días al infractor se le deduzca la responsabilidad que mediante ley establezca.
La DPI destaca que estas acciones constituyen un delito e insta a los padres de familia a educar a sus hijos sobre las consecuencias de hacerlo.
