Tegucigalpa, Honduras. Las diferentes bancadas del Congreso Nacional (CN) se encuentran en un dilema respecto a la aprobación de la nueva «Ley de chips o SIM» que estaba prevista para ser discutida en sesión legislativa ayer miércoles.
La polémica radica en la redacción del artículo 23 del proyecto de Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones. En este inciso se deja entrever que, para intervenir una comunicación, no sería necesitaría una orden judicial.
Por tal razón las bancadas de las fuerzas políticas de la oposición se rehusaron a permitir la aprobación del proyecto de ley.
¿En qué consiste la ley?
El proyecto denominado Ley Integral de Seguridad en las Telecomunicaciones, que contiene 31 artículos, busca combatir la extorsión y los delitos conexos, según sus promotores.
La ley surge del antiguo estatuto aprobado en 2011, como consecuencia del incremento de la extorsión en Honduras entre 2021 y 2022. En este periodo de tiempo se alcanzó el segundo registro más alto de la década, con 1,824 denuncias, solo por debajo del registrado en 2013, cuando hubo 1,929 denuncias por extorsión.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad ha reiterado que con la nueva Ley de telecomunicaciones, en esencia lo que se busca es regular la venta de simcards o chips telefónicos, como parte del plan antiextorsión.
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Según los promotores de la iniciativa, las intervenciones se harán en casos específicos y no a todos los usuarios de telefonía, pero siempre con orden judicial, pese a que el texto del proyecto no lo indica así.
Sin embargo, las bancadas de los partidos políticos en oposición ven con recelo esta Ley. Consideran que la normativa pretende vulnerar la privacidad de las telecomunicaciones.
Bancada de Libre
El jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, aseguró que toda la bancada de su partido está a favor de que se apruebe esta nueva Ley, ya que está establecida a petición del sector Trasporte, principal víctima del flagelo de la extorsión.
«Ley de Escuchas Telefónicas pretende regular tenencia y comercialización de chips para evitar la extorsión», manifestó Sarmiento. Y argumentó que la interpretación que se le está dando al artículo 23 es errónea, ya que “no es una Ley para intervenir llamadas telefónicas. No se ocupa porque ya existe esa Ley”.
A su vez, la bancada también señaló que la aprobación de esta Ley no solo garantiza la inmediatez en el proceso investigativo, sino que también «es crucial ante la vulneración de un derecho tan importante como la seguridad. Es cierto que nuestra constitución garantiza el secreto de las comunicaciones y este prevalecerá, siempre y cuando no se vulnere la seguridad de la población».
“La Ley de Protección a los Usuarios de las Telecomunicaciones se ha tergiversado. Los únicos que pueden tener temor por la aprobación de esta Ley son los que están cometiendo delito de extorsión”, agregó Sarmiento.
En el mismo sentido se expresó el diputado Libre, Jari Dixon, quien comentó que “todo este tipo de leyes van encaminadas a la investigación de delitos».
«Creo que lo que se está haciendo es ampliándose el tema de las llamadas y mensajitos por WhatsApp que todavía no existe la tecnología en Honduras para hacer ese tipo de intervenciones», agregó.
Bancada del PL apoya la Ley si se elimina o modifica el artículo 23
El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, establece que «si no se elimina o modifica Artículo 23, los liberales no aprobarán la Ley de Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones».
«Estaríamos de acuerdo con la Ley siempre y cuando vaya acompañado por una orden judicial. Tenemos que recordar que tenemos el artículo 10 de la Constitución de la República, donde dice que todos aquellos derechos en cuanto a la libre expresión y a la privacidad que tienen los hondureños deben ser respetados», expresó Segura.
La bancada liberal manifestó que están dispuestos a crear mecanismos que vengan de una u otra manera a terminar con la extorsión, siempre y cuando eso no vulnere ningún derecho de los hondureños.
El diputado del PL, Yury Sabas, reconoció que «tenemos que combatir la inseguridad. Y el tema de los SIM genera mucha posibilidad de inseguridad. Hemos visto lugares que una misma persona ha comprado 100 SIM y no hay registro».
El partido Liberal de Honduras es firme en apoyar la iniciativa de regular y mejorar la inseguridad para combatir la extorsión. Pero enfatizaron en que jamás se debe ceder ni la privacidad ni la libertad de los hondureños.
El PN no apoya la nueva Ley
La bancada del Partido Nacional, a través de un comunicado, reiteró su negativa de aprobar el proyecto de “Ley de escuchas”. Asimismo, advirtió que con esta iniciativa el gobierno pretende acceder a las comunicaciones privadas de sus adversarios políticos y de los millones de usuarios de telefonía móvil a nivel nacional.
El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expresó que para aprobar esta Ley «tienen que eliminar esos artículos y como mínimo mejorar la redacción. Además, que quede claro que únicamente es para investigar delitos de criminalidad organizada de estos grupos criminales que le están causando un grave daño a la población y que se ocupa orden judicial».
Además, aseguraron que, de acuerdo al artículo 23 del proyecto, se obligaría a establecimientos como cibercafés, hoteles, salas de eventos, entre otros, a crear una base de datos con la información de los clientes que accedieron a la red por un período de dos años.
Bancada del PSH rechaza la Ley
El jefe de la banda del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, manifestó su partido no apoya la iniciativa. Tras un consenso de los integrantes del instituto político, decidieron que votarán en contra de la Ley de Protección a los Usuarios de las Telecomunicaciones.
«Nosotros tenemos una postura clara con relación a este tema. Consideramos que tal y como está planteada no es posible aprobarla. Porque lesiona derechos constitucionales del ciudadano», manifestó.
Y para finalizar agregó que «la privacidad de las comunicaciones se debe mantener, lo establece la constitución. De esta manera no acompañaríamos el proceso».
