AFP.– Un alto tribunal argentino reabrió este lunes dos causas por las que fue absuelta en 2021 la vicepresidenta Cristina Kirchner: una por lavado de dinero y otra por encubrimiento de los responsables iraníes del atentado contra una entidad judía que dejó 85 muertos en 1994, informaron medios de prensa.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la realización de juicios orales a la ex presidenta (2017-2015) por estas dos causas, aunque la decisión aún puede apelarse ante la Corte Suprema de Justicia, según la agencia gubernamental de noticias Telam.
El tribunal revocó un sobreseimiento dictado en 2021 a favor de Kirchner y sus dos hijos, Florencia y Máximo, en el denominado caso «Hotesur-Los Sauces». El caso se relaciona con el nombre de dos empresas de la familia que, según la fiscalía, fueron vehículo para lavar varios millones de dólares supuestamente provenientes de fondos públicos.
La decisión de este lunes excluye a la hija de la expresidenta, según Telam.
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Múltiples exoneraciones
La sala igualmente anuló otro sobreseimiento, de octubre 2021, a favor de Kirchner. Este por el presunto encubrimiento de los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994.
El tribunal consideró que no había delito por parte de la entonces jefa de Estado en la causa por haber impulsado la aprobación en el Congreso de un Memorándum con Irán para poder interrogar fuera de Argentina a los imputados por este ataque con bomba, que causó 85 muertos y 300 heridos.
«Más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito ni un acto de encubrimiento», señaló entonces el tribunal.
El fallo de la Cámara Federal no estaba disponible en sitios oficiales.
Kirchner, de 70 años, ha resultado imputada en varios casos de corrupción en los últimos años y ha denunciado persecuciones políticas y judiciales.
Tras estar exonerada en varios casos, recibió una condena en diciembre pasado de seis años de prisión, de los que la protege su inmunidad, y a inhabilitación perpetua en un juicio por fraude y corrupción. Esto un caso de adjudicación de contratos públicos en su bastión político de Santa Cruz (sur), durante sus presidencias.
A raíz de esta condena, la ex jefa de Estado anunció que daba un paso al costado, afirmando que no sería candidata «a nada, ni senadora, ni vicepresidenta, ni presidenta» en las elecciones de octubre de 2023.
La condena aún puede apelarse y no se espera que se haga efectiva por años.
