Tegucigalpa, Honduras.- La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, se refirió al estado de excepción implementado por las autoridades para controlar la extorsión y la violencia en el país, indicando que se refleja en el fallido Estado de derecho.
En diciembre de 2022, implementaron el Plan Antiextorsión en las zonas más conflictivas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Seguidamente se ha extendido en dos ocasiones, se termina el 6 de abril de este año y abarca más de cien municipios de Honduras.
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En ese sentido, Castellanos apuntó que las autoridades no han podido regular la venta de chips o sim card y otros mecanismos que los integrantes de maras y pandillas utilizan para el cobro de extorsión.
«Uno se pregunta si las autoridades que actuaban bajo estado de excepción, son las que van a actuar o las que deberían de actuar en condiciones del Estado de derecho», indicó.
Asimismo, la extitular de la UNAH dijo que se debe enfrentar la violencia y los delitos como la extorsión bajo las normas establecidas, y no con el estado de excepción.
¿Resultados esperados?
Por otra parte, Julieta Castellanos aseguró que el estado de excepción no está dando los resultados esperados por las autoridades.
En ese sentido, dijo que se debe hacer nuevas propuestas para contrarrestar la violencia en Honduras.
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«Ellos (Secretaría de Seguridad) tienen profesionales en diferentes ámbitos y tendrían que hacer los planteamientos que necesitan. Si no los tienen, tendrían que estarse retroalimentando», puntualizó.
Finalmente, señaló que debe existir una investigación efectiva en casos de violencia, como las múltiples masacres en el país.
