Redacción. El hondureño José Adalí Amaya Argueta, extraditado y condenado en Estados Unidos (EEUU), ha solicitado a las autoridades de ese país norteamericano una reducción de su pena y además la asignación de un abogado.
La extradición desde Honduras se ejecutó en abril del 2019 y tras el proceso judicial que demanda los EEUU, lo condenaron en diciembre del mismo año a 87 meses de reclusión (poco más de 7 años).
A José Adalí Amaya lo solicitó y procesó la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia, por la comisión del delito de conspirar para ingresar al menos 5 kilogramos de cocaína a su territorio. También, se le considera como socio del clan Valle Valle.
De acuerdo con los reportes, Amaya Argueta pidió la reducción de su pena, en el marco de la enmienda 821 a las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos.
Asimismo, el 17 de julio del año en curso presentó ante juez de distrito Leonie M. Brinkema, la moción para que le nombren un abogado que pueda llevar el caso y así salir antes de tiempo de la prisión.
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¿Por qué busca estas medidas?
Según los argumentos del hondureño, la aplicación de la Enmienda 821 en su caso podría resultar en una reducción de sentencia. A su vez, considera que los factores aplicables de la Sección 3553 (a) respalda también que se le bajen los años de cárcel.
Asimismo, sugirió que asignarle un abogado sería beneficioso para el Tribunal, al igual que para las partes involucradas en el caso. Del mismo modo, dijo que esta medida ayudaría a conservar los recursos judiciales.
La Fiscalía de EEUU consideró en su momento (2019) que la sentencia que se le dio al hondureño era la adecuada debido a las circunstancias del caso.
Esta sentencia incluye la deducción del tiempo que el hondureño cumplió en prisión antes de imponerle la pena, que son aproximadamente 7 meses desde su extradición hasta el mes de diciembre del 2019.
También, la condena dada en 2019 preveía un periodo de hasta 3 años de libertad supervisada una vez que se cumpliera la sentencia. Además, le impusieron una sanción monetaria de 100 dólares.
En caso de que el juez apruebe las solicitudes del hondureño, podría salir de inmediato de prisión y estar bajo libertad supervisada. La sentencia firme del 2019 terminaba en el año 2026. Por ahora se desconoce si regresaría a Honduras y si seguirá en EEUU por seguridad.