Redacción. Un grupo de campesinos que fueron desalojados la semana anterior de la propiedad de Azunosa en El Progreso, Yoro, reingresaron este lunes a las tierras, generando así una inseguridad jurídica, según el abogado Olvin Mondragón, oficial de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Mondragón explicó que el previo desalojo se llevó a cabo en el marco de los derechos humanos y con una orden judicial, pero recientemente volvieron a invadir las tierras, haciendo caso omiso a la ley.
El asesor legal señaló que la situación refleja como las órdenes judiciales no resultan efectivas y «no existe el respeto a la propiedad, lo que genera inseguridad jurídica en el país».
Ante las acusaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), responsabilizando a la empresa privada por no enviar seguridad tras el desalojo, Mondragón manifestó que el derecho a la propiedad privada lo debe generar el mismo Estado.
«Nosotros consideramos que si usted es legítimamente dueño de una parcela de tierra, no tiene porque tener 24 horas policías alrededor. Entonces, ¿en que estamos? No se puede seguir con este tipo de acciones. Nosotros solicitamos que se respete la propiedad privada y se respeten las órdenes judiciales», dijo.
Impacto en la zona
La reincidencia en estas invasiones ilegales causa un profundo malestar entre los empleados de la empresa azucarera, sus familiares y los vecinos de las comunidades aledañas. Ellos ven en peligro muchos puestos de trabajo.
De acuerdo con el abogado, estas invasiones amenazan la operatividad de la empresa y el sustento de 3 mil familias. Además, afecta de manera indirecta a más de 15 mil personas. La situación genera mayor preocupación, pues el empleo lo necesita el país para salir adelante.
Por lo tanto, solicitó al Ministerio Público y a la Policía Nacional apersonarse a los predios y desalojar nuevamente a los invasores. «Ya hubo una orden judicial previa y no podemos estar permitiendo que vuelvan a reinvadir», concluyó.
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