Redacción. La Comisión Interventora del Instituto de la Propiedad (IP) presentó este viernes (19 de julio) ante el Ministerio Público (MP), un informe preliminar para fortalecer líneas de investigación sobre manejo de fondos.
El coordinador de la Comisión Interventora del IP, Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa, explicó que este informe servirá de insumo para que el MP pueda dar seguimiento a las líneas de investigación sobre los convenios que se realizaron después de la derogación del fideicomiso.
“Legalmente, no se podía seguir celebrando el contrato y ejecutando convenios de adendas bajo el esquema del fideicomiso. Mismos que resultaron derogados por el decreto 66-2022, y cuyos fondos no fueron transferidos a la Caja Única del Estado”, señaló Ochoa para HRN.
Asimismo, el funcionario aclaró que pese a que se derogó el fideicomiso, la IP celebró convenios con una ONG por más de 220 millones de lempiras para realizar encuestas de riesgo social y pobreza.
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Hallazgos en el informe presentado ante el MP
En el informe presentado por la Comisión Interventora también destaca fondos que destinaron para contratar constructoras de proyectos de canchas de fútbol, carreteras, techos, pisos y otros, bajo la modalidad de llave en mano.
Asimismo, Ochoa reveló que en el IP contrataron más de 514 consultores con salarios por encima de 70 mil lempiras y erogaron 120 millones. Además, encontraron facturas que supuestamente están adulteradas.
«El pueblo hondureño tiene que saber que nosotros estamos trabajando en un proceso de eficientar, transparentar y operativizar esta institución. Por ende, este día estamos uniendo fuerzas con el MP para que todas las irregularidades que pasaron en el IP resulten penalizadas», agrego Ochoa.
Concluyendo, el funcionario hizo un llamado a la población hondureña a que no duden en denunciar cualquier acto de corrupción.
Asimismo, insto a que se aboquen a los canales correspondientes para que ellos procedan a penalizar a todo aquel funcionario que pida dinero a cambio de inscripciones, a cambio de solicitudes que no estén marcadas en ley.
