Tegucigalpa, Honduras. Diversas organizaciones de la Sociedad Civil de Honduras presentaron un recurso de inconstitucionalidad a fin de pedir la nulidad de las reformas a la Ley de Presupuesto aprobado en enero por el Congreso Nacional anterior.
Cabe recordar que dichas reformas fueron bautizadas por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), como el “Pacto de Impunidad”.
El recurso se presentó ante la Sala Constitucional del Poder Judicial. Esto, con el objetivo que se declare fuera de la norma legal las reformas a la Ley de Presupuesto.
En ese sentido, el miembro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, indicó que si bien el recurso que interpusieron sólo puede ser presentado por el Ministerio Público (MP) y por el Comisionado Nacional de DDHH (CONADEH), cualquier ciudadano puede presentar la sustentación en caso que se vea afectado.
Lamentó que la defensoría del pueblo no haya actuado de oficio para solicitar la anulación de las controvertidas reformas. Por lo que ellos se vieron obligados a actuar para proteger los intereses de la sociedad.
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Recursos declarados inadmisibles
Es oportuno señalar que días atrás el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la ASJ interpusieron otros recursos de inconstitucionalidad contra el “Pacto de impunidad”.
Sin embargo, ambos recursos interpuestos los declararon improcedentes por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esto, “en razón de carecer de interés directo, personal y legítimo para motivar dicha acción”.
Los procedimientos iban dirigidos a anular el contenido de los artículos 123 y 238 de este instrumento. El cual, aprobaron el pasado 18 de enero en la Cámara Legislativa.
MACCIH y el “Pacto de Impunidad”
El exportavoz de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, denunció semanas atrás que el Congreso Nacional (CN), reformó la Ley de Presupuesto para beneficiar a congresistas y funcionarios.
También este beneficio alcanzaría a los implicados en el sonado Caso de la “Red de Diputados”. En ese sentido, Jiménez Mayor dijo que dichas reformas a la ley aprobada el 18 enero atentan contra los avances en la lucha frente a los actos corrupción en el país.
“Esto es inconstitucional porque contraviene e infringe varios artículos de la Constitución de Honduras”, manifestó. Al mismo tiempo, se refirió al caso de la “Red de Diputados”.
“Es una disposición que beneficiaría a los parlamentarios implicados en el caso de corrupción de la ‘Red de Diputados’”, expresó. De acuerdo a las investigaciones de la MACCIH, estos cinco diputados malversaron 8 millones de lempiras. Estos fondos públicos provienen de una fundación.
