Redacción. Asociaciones de pescadores interpusieron este viernes una denuncia ante el Ministerio Público contra cuatro funcionarios de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca) por los supuestos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de su función pública.
Los trabajadores denunciados por las asociaciones son Eloísa Espinoza de Lazaru, jefe de Pesca Marítima; Marco Osorto, coordinador del Proyecto Caracol y Pepino de Mar; Henry Alexis Mendoza, secretario general; Kaina Alvarado, directora de la Dirección de Pesca y Acuicultura (Digepesca); todos dependientes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Modesto Morales, representante de las asociaciones, dijo que los funcionarios antes mencionados han cometido atropellos contra los pueblos indígenas y tribales. «Han lesionado deliberadamente los derechos fundamentales y lo establecido en la Constitución e Instrumentos Internacionales que refieren sobre pueblos indígenas y tribales», aseguró.
Agregó que los trabajadores del mar, propietarios de embarcaciones del Proyecto Caracol, capitanes y demás personal afectado llevarán a cabo una conferencia de prensa en las afueras de la SAG para exponer sus molestias.
Lea también: Docentes denuncian despidos por rechazar la Ley del Inprema
Y es que, según el dirigente, las autoridades de la SAG mantienen paralizado el Proyecto Caracol desde hace más de 7 meses, situación que compromete su seguridad alimentaria. Pues los barcos «parados generan más de 600 trabajos entre marinos, buzos, cayuqueros y capitanes. Indirectamente, les dan trabajo a más de 3 mil personas», apuntó Morales.
Los pescadores dieron un plazo de 72 horas a las autoridades gubernamentales para que se pronuncien o de lo contrario se verán obligados a tomar medias drásticas.
Derechos ancestrales
Las protestas por los atropellos a los derechos ancestrales que reclaman los pescadores, en su mayoría misquitos, se remonta desde inicios del presente años. Otra de sus denuncias es que supuestamente el gobierno les está quitando el derecho al mar Caribe, aguas que por derecho ancestral les corresponde.
«Nuestro patrimonio como la pesca y buceo están amenazados para entregarle el territorio marítimo a empresas transnacionales de exploración petrolera», sentenció Morales. Piden al gobierno que se les dé respuestas dado que se están tomando decisiones sin hacérseles ninguna consulta.