Se supone que la Comisión Legislativa Multipatidaria (CLM) entregará este día su informe sobre la actuación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para la liquidación forzosa del Banco Continental, S. A. y sus consecuencias en las empresas de la corporación Grupo Continental.
Se supone, asimismo, que este informe, cuidadosamente tamizado, será conocido por el pleno legislativo, una vez colocado en la agenda por el diputado-presidente Mauricio Oliva, en donde habrá de ser objeto de debate camaral.
Igual que en los otros productos de comisiones legislativas, a este informe lo precedió un zipizape en el momento de su última redacción, que supuso la ya “natural” injerencia oficialista para suavizar, si no es que distorsionar su contenido. Hubo denuncia, por parte de los integrantes de la CLM, de un secuestro a última hora del borrador final, con todo y computadora, supuesto hecho escandalizador.
A final de cuentas, el coordinador de la CLM, Marlon Lara (L) desmintió a sus compañeros de la Comisión. “Debo aclarar –dijo—que el documento original del informe nunca ha desaparecido, ni ha sido trastocado, pues lo que ocurrió es que se le dio una mejor redacción”. Desde que la excusa se inventó, nadie queda mal.
La cuestión es, comentando al aire, que, como lo dice la diputada-comisionada Doris Gutiérrez (PINU), “es muy poca la información que proporcionó el Ministerio Público (MP) acerca de este caso, pese a que la CNBS cruzó información a la Fiscalía en el momento oportuno”. Por lo tanto, “el informe solo contiene generalidades… y no hay elementos nuevos, más que lo que ha trascendido”.
Por otra parte, y siempre en relación con el tema, el director de Fiscales del MP, Rolando Argueta, sostiene respecto a las medidas confiscatorias aplicadas al patrimonio de la Familia Rosenthal –“tema que se está analizando en este momento”—que “no se violentó el derecho de presunción de inocencia a la Familia Rosenthal, ya que el Estado puede restringir derechos”.
Nos encontramos, pues, ante una novedosa, inédita, doctrina jurídica, según la cual el gobierno –no el Estado—puede sobrepasar el Derecho establecido y los principios del debido proceso, sin siquiera mediar las garantías constitucionales y la acción previa del Poder Legislativo.
Minucias aparte, e independientemente de la anunciada generalidad del dicho informe, sin datos nuevos y sin calidad investigativa, queda en el ámbito de la discusión el drama humano, que el pleno legislativo debe abordar, “de la situación de los empleados del banco y qué pasará con las empresas del Grupo Continental” (D. Gutiérrez).
Un dramático asunto, sin precedente en la Historia de Honduras, al que el congreso nacional, presunto emblema de la soberanía nacional, delegado del pueblo, está obligado a responder, de acuerdo con los intereses de la nación.
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