Informe de EEUU desnuda la realidad desconocida de la lucha contra el narcotráfico en Honduras

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La Fuerza Naval hondureña hizo esfuerzos durante 2018 para modernizar su flota superficial e inició la compra de nuevos buques, pero no ha hecho un aumento proporcional en el presupuesto operacional y es incierto cuándo los buques se convertirán en una parte activa de la flota.  La disponibilidad de combustible es una limitación importante para que la Fuerza Naval hondureña intercepte presuntos buques de narcotráfico, ya que estos barcos a menudo operan a largas distancias de los nodos de control de la Fuerza Naval y los actuales presupuestos de combustible son minúsculos en comparación con la necesidad.

El Ejército controla las instalaciones de escuchas telefónicas y el acceso a los resultados de las escuchas telefónicas para el derecho civil pero la aplicación sigue siendo inadecuada, lo que resulta en una pérdida significativa de inteligencia procesable para interdicciones que podrían ocurrir en tierra. El Gobierno de los Estados Unidos está trabajando con el Ministerio de Seguridad para obtener acceso adicional a las instalaciones de escuchas telefónicas para ayudar en el desarrollo de inteligencia para entidades de control de drogas.

El Ministerio de Defensa manifestó interés en aumentar el intercambio de información con los Estados Unidos sobre las actividades marítimas lícitas e ilícitas.  Además, el Gobierno de Estados Unidos inició discusiones en 2018 con el Ministerio de Defensa para entrenar y equipar una unidad de interdicción marítima (fuerzas especiales navales) para ser modelada después como una unidad similar apoyada por Estados Unidos en Guatemala.  La actual Ley de Interdicción Aérea en Honduras impide que los Estados Unidos compartan radar u otra información relacionada con el tráfico ilícito por aire.  El gobierno hondureño no tiene actualmente la capacidad de rastrear todos los presuntos vuelos de narcotráfico dentro o fuera de las pistas clandestinas sin apoyo externo.

Las capacidades analíticas del Departamento de Análisis y Control Marítimo de la Marina Mercante (DGMM), creada en 2016, continúan mejorando y apoyando la lucha contra el narcotráfico.  La Fuerza Naval hondureña y las autoridades estadounidenses reciben la mayoría de la inteligencia de la DGMM, pero la Fuerza Naval hondureña está limitada en su capacidad para hacer patrullajes basados en esta información debido a limitaciones de recursos.  La mala seguridad portuaria, los protocolos inadecuados de inspección de contenedores y los complicados procedimientos interinstitucionales limitan la capacidad de las autoridades hondureñas para actuar sobre la información de la DGMM sobre buques o recipientes sospechosos en el puerto.

  1. Información pública, prevención y tratamiento

El principal objetivo del gobierno hondureño sigue siendo mejorar la seguridad y las condiciones económicas en Honduras.  La información pública sobre el consumo de drogas es insuficiente. Los programas de prevención y tratamiento son limitados tanto en alcance como en la geografía. La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia publicó un informe en agosto de 2018 identificando la recopilación de datos sobre el consumo de drogas como una brecha crítica que inhibe un enfoque apropiado para la prevención y el tratamiento del consumo de drogas.  El Departamento de Prevención de la DNPA está atendido por dos personas, ninguna de las cuales tiene formación formal en prevención del consumo de drogas.

Los Estados Unidos apoyan enfoques integrales, equilibrados y coordinados para aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para abordar y contrarrestar la demanda de drogas ilegales.  La asistencia incluyó apoyo al Programa de Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas (GREAT), estima que alcanzó los 100.000 estudiantes en 2018.  Otras subvenciones apoyadas por los Estados Unidos proporcionaron soporte a las instituciones de los países anfitriones que se ocupan del tratamiento y la prevención de drogas en las zonas de mayor riesgo de Honduras.

  1. Corrupción

El Gobierno de Honduras, como cuestión de política gubernamental, no fomenta o facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, ni participa en el blanqueo de los ingresos derivados de la venta de drogas ilícitas.  Sin embargo, la corrupción sigue siendo generalizada en las instituciones públicas. La Comisión Especial para la Depuración y Reestructuración de la HNP completó su misión original de expulsar a los policías corruptos de la fuerza en 2017 y está programado para disolverse en enero de 2019.  La HNP continúa contratando a nuevos policías para alcanzar su objetivo de 26.000 en 2022, y a partir de octubre de 2018 se han contabilizado alrededor de 18.500 oficiales.