TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Estado de Honduras reconoció en el proceso «Gutiérrez Navas y otros versus Honduras» la responsabilidad por destituir cuatros magistrados de la Sala Constitucional, cuando Juan Orlando Hernández (JOH) fungió como presidente del Congreso Nacional (CN).
Se trata de los siguientes profesionales del derecho:
- José Antonio Gutiérrez Navas
- José Francisco Ruiz Gakel
- Gustavo Enrique Bustillo Palma
- Rosalinda Cruz Sequeira.
Tras una jornada de audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, se comunicó de los acercamientos para tener una solución amistosa con los afectados.
«El Estado de Honduras reconoce su responsabilidad internacional respecto de los hechos y los términos alegados (destitución de magistrados). Este reconocimiento de responsabilidad internacional se enmarca en la declaración realizada por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en su discurso de la toma de posesión el pasado 27 de enero del 2022», indicó la abogada Laura Flores Dubón, representante del Estado en el caso.
Antecedente
La destitución se efectuó en el año 2012, bajo el argumento de que los cuatro profesionales infringieron una responsabilidad administrativa y se les elevó un juicio político.
Una vez que se dio su destitución, los magistrados acudieron a las instancias internas para poder frenar su despido, usando el recurso de amparo. Sin embargo, se declaró sin lugar.
Es por ello que, en el uso de sus facultades y conocimientos, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para presentar el caso y luego se llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C-IDH), donde se abrió un juicio.
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Resultados en las audiencias
Las audiencias públicas en el juicio «Gutiérrez Navas y otros Vs. Honduras» se desarrollaron entre ayer, lunes 6 y hoy martes 7 de febrero.
Los magistrados destituidos comparecieron de dos en dos ante ante el juez. Además, dieron a conocer lo que vivieron luego de ser bajados de sus cargos por el expresidente del CN, Juan Orlando Hernández.
Al final de la etapa de audiencias, los representantes del Estado de Honduras, abogados Laura Flores Dubón y Carlos Josué Padilla, detallaron a los consensos que se han llegado y que el Estado asume la responsabilidad en el caso.
Flores Dubón sostuvo que el Estado de Honduras debe asegurar que la suspensión de funcionarios públicos debe ser objetiva y razonable, bajo el respeto a los derechos humanos.
«Honduras reconoce la violación de los derechos políticos a los cuatro magistrados en el presente caso», señaló la representante de Honduras.
Acercamiento para una solución amigable
Por otro lado, Flores Dubón comunicó que ya hay un acercamiento entre el Estado de Honduras y los representantes de los cuatro magistrados. La intención es tener un acuerdo mutuo y solución amistosa en el caso.
No obstante, en el acuerdo no entra compensar a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional. Lo anterior se debe a que el Estado de Honduras busca que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien lo determine.
Si la C-IDH determina el reintegro de los magistrados, le sería imposible a Honduras debido a que en este momento hay un proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. Además, porque el periodo para el que se les eligió es de 7 años y culminaba el 11 de febrero del 2016.
«Es por lo que concluimos que el reintegro de las víctimas vulneraría el diseño constitucional para el nombramiento y selección de la CSJ y de inseguridad jurídica frente a la sociedad hondureña», sentenció.
