Redacción. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) informó que Honduras ha registrado más de 200 personas desaparecidas en lo que va de 2024, así como 11 masacres y 1,096 víctimas de violencia en los primeros cinco meses del año.
El reporte de la organización civil manifiesta que, pese a la reducción de homicidios en el país, la violencia y la inseguridad siguen “profundamente arraigadas” en la sociedad hondureña. Sin dejar afuera que el clima de inseguridad persiste aun en medio del estado de excepción.
Más de 280,000 hogares hondureños siguen siendo víctimas de extorsión y apenas 1 de cada 10 casos recibe sentencia condenatoria. Pero «otra situación que genera especial preocupación es la desaparición de más de 200 personas en lo que va de 2024, según el Observatorio Nacional de Violencia del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS)», cita el reporte.
De las 200 personas desaparecidas, al menos 30 fueron raptadas en junio, entre ellas: 13 personas en el crique Las Marías, Tela. Y 5 amigos raptados cuando realizaban una mudanza en Tegucigalpa (pero fueron encontrados muertos días después de su desaparición).
La ASJ junto a otras organizaciones expresó su solidaridad con las familias de cada persona desaparecida en el país. «Nos sumamos a su clamor por justicia y por una respuesta desde el Estado hondureño», agregó.
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Acciones inmediatas
Con respecto al estado de excepción, la organización civil consideró la medida como «ilegal», por su falta de ratificación y publicación conforme a la Constitución de la República. Además de que otorga poderes a la Policía Nacional y Fuerzas Militares para realizar detenciones y allanamientos sin órdenes judiciales.
«Estas y otras estrategias adoptadas por el gobierno han demostrado ahora no rendir los frutos esperados», afirmó. Según la organización, el gobierno hondureño necesita implementar acciones inmediatas para fortalecer el sistema de investigación y justicia criminal. Inclusive necesita crear una política de seguridad eficiente y sostenible.
«Hacemos un llamado urgente al gobierno hondureño para que adopte con determinación y con una verdadera voluntad política medidas integrales y efectivas para abordar la violencia y la criminalidad, protegiendo los derechos humanos y promoviendo el desarrollo social y económico inclusivo para asegurar un futuro más seguro y justo para todos los hondureños», concluyó.
