Tegucigalpa.- Honduras ganó juicio en Corte de Florida, Estados Unidos y se evitó pagar una demanda de 89 millones de dólares, informó este miércoles el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez.
A través de una radio capitalina, el funcionario explicó que en 2010 el Instituto Nacional Agrario (INA) expropió tierras privadas en Trujillo, pertenecientes a canadienses y norteamericanos, quienes interpusieron demandas contra el Estado de Honduras en Corte de Florida por unos 2 mil 200 millones de lempiras.
Fúnez dijo que irresponsablemente funcionarios anteriores ya se habían intercambiado notas buscando disponibilidad financiera para conciliar este caso.
Sin embargo, ellos al llegar a la institución buscaron los asideros legales y los abogados con experiencia para revertirlo.
De esa forma, precisó que hace unos tres días Honduras se vio favorecido con un fallo en la Corte de Florida.
«Honduras alegó la inmunidad soberana del Estado y estamos sumamente contentos», destacó el personero.
Funez manifestó que pareciera que fabrican demandas para saquear al Estado hondureño en referencia a la sentencia que obliga al Estado a pagar 2 mil 600 millones de lempiras a la empresa internacional DRC INC, por la suspensión de un contrato en años anteriores.
«Pero en este caso del INA, la corte internacional nos favoreció y si se viene a nivel interno también tenemos las defensas necesarias», afirmó.
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Responsabilidad por destitución de magistrados
El Estado aceptó ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (C-IDH) su responsabilidad parcial en el caso «Gutiérrez Navas y otros Vs. Honduras», luego de que cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destituidos cuando Juan Orlando Hernández (JOH) era presidente del Congreso Nacional, interpusieran una demanda.
Los cuatro miembros del Poder Judicial resultaron suspendidos de sus cargos el 12 de diciembre del 2012. El argumento que usó el Legislativo en aquel momento fue responsabilidad administrativa.
Sin embargo, se alega que el hecho se dio por oponerse a las ahora derogadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Luego de su destitución y no encontrar una solución en Honduras, acudieron a la Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al final de la audiencia, se procedió a los alegatos y en su intervención, el Estado de Honduras reconoció la responsabilidad. Sin embargo, pidió a la C-IDH mediar en las acciones de reparo e indemnizaciones a los magistrados.
