Tegucigalpa, Honduras. Hay división y enfrentamientos entre muchos pobladores por la explotación de la mina de Azacualpa, en el departamento de Copán.
En imágenes que circulan en medios de comunicación y redes sociales, se puede apreciar los primeros conatos de violencia entre pobladores de esa comunidad.
Como en otras partes del país donde hay mineras, unos están de acuerdo con la actividad, por ser su fuente de trabajo, y otros en la defensa de sus recursos naturales y el medio ambiente.
Este primer conato de violencia la provocó la empresa Minerales de Occidente S.A. (MINOSA). Este conglomerado pretende remover un cerro donde se encuentra el cementerio de la comunidad.
Este tipo de enfrentamientos se está volviendo repetitivo en varias comunidades del país. Para citar un ejemplo podemos mencionar el caso del río Guapinol, en Tocoa, Colón.
En esa comunidad la explotación de una mina de óxido de hierro esta comprometiendo seriamente el derecho al agua de más de 12 comunidades.
La encargada de la extracción de estos minerales en la zona del Aguán es la empresa Inversiones Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez, dueño de la fábrica de láminas Alutech.
Son muchas las comunidades que se ven confrontadas en este momento por dicha actividad.
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Del estado, las leyes y la crisis
A pesar de la aprobación de una nueva ley de minería en 2013 y publicada en La Gaceta en 2014, las crisis por la defensa de los recursos se ha acrecentado.
Pero la llegada de estas compañías mineras a poblaciones tan pobres y vulnerables económicamente por falta de empleo, ha generado división entre los pobladores.
Esto hace más difícil la tarea de llegar a un consenso. Esto permite el establecimiento de empresas que compiten con el uso de sus recursos naturales.
De 2005 a 2013 se dio un notable crecimiento en la adjudicación de concesiones mineras de todo tipo. Además de la adjudicación de proyectos hidroeléctricos.
Mártires en defensa de los recursos naturales
El crecimiento desmedido de la actividad minera sin consultar a los pobladores ha sido evidenciado en diferentes estudios, además de cobrar la vida de ambientalistas y pobladores de las comunidades.
Uno de los casos que sin duda marcó un presente en este tipo de enfrentamientos es el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
Asesinada en 2016, por oponerse a la construcción de la represa Hidroeléctrica, en el sector de agua Zarca.
Este es un caso de alto impacto a nivel mundial, ya que provocó que diferentes organismos internacionales retiraran ayudas para el país.
Además, de que varios de los inversores se retiraran del proyecto. La empresa señalada directamente por la muerte de la ambientalista fueron ejecutivos de la constructora Desarrollo Energético S.A. (DESA).
Cabe señalar, que el gerente general de DESA, Roberto David Castillo, se encuentra privado de libertad acusado de la muerte de la ambientalista.
