Redacción. Las masacres u homicidios múltiples continúan enlutando a centenares de familias hondureñas. En las últimas 48 horas, dos de estos hechos violentos dejaron como resultado la muerte de seis hondureños.
Desde la muerte violenta de tres mujeres en Roatán, Islas de la Bahía, el domingo 7 de enero, se han registrado al menos 15 masacres más en el presente 2024, ocurriendo la última de estas el 18 de julio en la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho, donde tres hombres perdieron la vida.
De acuerdo con las cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), los 16 homicidios múltiples dejaron alrededor de 53 víctimas, de las cuales la mayoría eran hombres.
Disminución en comparación a 2023
Pese a que hay una disminución de masacres, en comparación con el mismo periodo de tiempo 2023, donde de enero a julio se contabilizaron 25 hechos con más de 140 muertes, los ataques continúan presentándose.
“Sin duda las masacres, como popularmente se les conoce, siguen siendo un problema en el país. Esto es grave, porque conmociona a la sociedad, genera miedo y hace parecer a Honduras como un país inseguro”, manifestó Migdonia Ayestas, coordinadora del OV-UNAH.
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Las masacres están consideradas como delitos de alto impacto y según la especialista existe la posibilidad de que muchos de estos se ejecuten con el fin de infringirle miedo a la sociedad hondureña.
Víctimas
La mayoría de personas fallecidas en las masacres son jóvenes menores de los 30 años de edad. De ellos, 40 eran hombres, siete mujeres, tres niñas y tres niños.
Los homicidios múltiples del 2024 han ocurrido en nueve de los 18 departamentos del país, siendo el Distrito Central, de Francisco Morazán, el territorio con mayor incidencia, con tres escenas. El resto de masacres se han registrado en Islas de la Bahía, Colón, Yoro, Choluteca, Lempira, Cortés, Atlántida y Valle.
Debilidad en materia de investigación
Desde la implementación del estado de excepción en diciembre del 2022, las autoridades de seguridad han implementado medidas para mitigar este flagelo, entre las que figuran la intervención en centros penales, intervención en barrios y colonias con facilidades judiciales para procesar posibles involucrados en actividades delictivas.
Sin embargo, especialistas en temas de seguridad afirman que el principal problema es la debilidad que existe en materia de investigación.
A criterio del criminólogo, Germán Licona, las autoridades de seguridad deben reforzar la investigación de las masacres registradas en el país, puesto que la gran mayoría quedan en la impunidad.
Al igual que Ayestas, el experto en seguridad concuerda en que la población hondureña vive con temor y zozobra, debido a la falta de mecanismos contundentes de protección ciudadana.
“La preocupación está en que en el país nadie está seguro. Creo que la policía tiene que fortalecer la investigación, tener mayor presencia de uniformados en las calles”, expuso.
De igual manera, recomendó que se debe mejorar la eficiencia de las cámaras de seguridad, las cuales son “un auxiliar que deben jugar un papel preponderante, en la lucidez de los casos”.
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Las más recientes
En las últimas 48 horas se reportaron dos masacres, una en Santa María del Real, Olancho y la otra entre los municipios de Guaymaca y Talanga, en el central departamento de Francisco Morazán, con un saldo de seis personas muertas.
El pasado 17 de julio, en un sector solitario de Santa María del Real, perdieron la vida tres hombres que fueron atacadas a balazos por desconocidos.
Preliminarmente, la Policía Nacional dio a conocer que los jóvenes salieron a comprar comida y no regresaron a su centro de trabajo en la Universidad Nacional de Agricultura de Olancho.
No habían pasado ni 24 horas cuando se registró una nueva masacre entre los municipios de Guaymaca y Talanga. El hecho violento dejo tres víctimas muertas sin que se conozcan las causas.
Mientras que el pasado 28 de junio, cinco personas desaparecieron en el barrio Mirador de Oriente, sus cuerpos fueron encontrados cinco días después en un lugar montañoso entre las comunidades de Tatumbla y El Zamorano, Francisco Morazán.
Respecto al tema, Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), se solidarizó con los familiares de las víctimas. A su vez, lamentó que cada día más personas sigan perdiendo la vida en circunstancias violentas en el país.
“El Estado hondureño tiene el deber de garantizarle a la población su derecho a la seguridad y, en particular, el derecho a la vida”, expresó.
Asimismo, recomendó a las autoridades hondureñas abrir una investigación seria sobre el capítulo de las muertes múltiples de personas en el país y evitar que las mismas queden en la impunidad.
Consecuencias
Las masacres se han vuelto un problema que escala más allá del ámbito de la violencia. Los daños colaterales que estas provocan afectan a las personas allegadas a las víctimas.
El fenómeno obliga a que muchas familias hondureñas se vean obligadas a desplazarse forzosamente de sus hogares, por temor a represalias. Eso sin mencionar a la gran cantidad de menores que se quedan sin su padre o madre por este tipo de sucesos.
Recientemente, el gobierno de la presidenta Castro anunció un plan de “medidas radicales contra pandillas y crimen organizado”. El plan incluye reformas al código penal, juicios masivos, la construcción de megaprisiones, entre otras.
Sin embargo, hasta la fecha especialista concuerdan en que son pocos los resultados obtenidos.
Desde diciembre del 2022, 16 departamentos de Honduras fueron escenario de, al menos, 65 masacres, de tres o más víctimas que dejaron unas 278 personas muertas, por lo que urge la implementación real de políticas que ayuden a proteger a la población hondureña.
