Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró culpable al Estado de Honduras por la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decisión tomada en diciembre de 2012 por el Congreso Nacional presidido en ese entonces por Juan Orlando Hernández, quien recientemente fue declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos.
Según la sentencia de la CIDH, la destitución de los magistrados José
Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y la
magistrada Rosalinda Cruz Sequeira se hizo de manera ilegal. Y esto se habría dado luego de que los magistrados emitieron fallos contrarios a proyectos de gobierno del entonces presidente Porfirio «Pepe» Lobo Sosa.
Los magistrados declararon inconstitucionales las iniciativas del Gobierno para crear las “ciudades modelo”, mejor conocidas como las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE). La misma declaración hicieron para la “Ley de depuración policial”, lo que generó presiones y hostigamiento por parte de autoridades gubernamentales, según la CIDH.
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Interpretación de la Constitución
En ese sentido, el 10 de diciembre del 2012, el Congreso Nacional que dirigía JOH designó una comisión especial para investigar la conducta administrativa de los magistrados.
Dos días más tarde, en horas de la madrugada, dicha comisión emitió un informe con la recomendación de considerar la destitución de los magistrados, la cual fue aprobada por la mayoría de diputados, con el hemiciclo resguardado por miembros de las fuerzas
militares y policiales.
De acuerdo con la sentencia, la acción del Poder Legislativo se dio bajo una interpretación del artículo 205 de la Constitución de la República de Honduras. Además, la CIDH recalcó que se debe respetar la independencia de poderes del Estado.
Acciones que debe realizar Honduras
En ese sentido, la CIDH dictaminó que Honduras debe pagar una indemnización compensatoria a los exmagistrados, monto que equivaldría al costo de la construcción de tres hospitales en el país.
Además, el Estado hondureño deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y adoptar medidas legislativas y de otro carácter, necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares establecidos en la sentencia respecto de la estabilidad e inamovilidad en el cargo de quienes ejercen la función judicial.
Más de 13 millones de lempiras
Sobre el tema, el abogado y analista, Joaquín Mejía, en su cuenta de «X» explicó que Honduras pagará al menos 80 mil dólares por indemnización, 400 mil por daño material, 25 mil por daño moral, 10 mil por gastos y 30 mil por costas, lo que suma unos 545 mil dólares (13 millones 625 mil lempiras al cambio).
El togado recomendó a la Procuraduría General del Estado (PGR) que, basados en el artículo 324 de la Constitución, el pago de la sentencia sea cargado a JOH y los en ese entonces diputados que votaron a favor de la destitución de los magistrados.
Además, afirmó que se debe iniciar un proceso de identificación de los diputados y magistrados, con cara, nombre y apellido, para que la PGR les atribuya el pago de la sentencia.
«Los tribunales tienen el deber de admitir las demandas y condenar a los diputados y magistradas que son responsables de esta condena internacional para que paguen con sus bienes y recursos», cerró.
Injusticia
Por su parte, el diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, es del criterio de que es injusto que los hondureños paguen por las acciones de los políticos.
«Me parece injusto que el pueblo hondureño deba pagar esta indemnización, que se lo cobren a los funcionarios responsables. La PGR, bajo la figura de repetición, podría repercutir la sentencia en los responsables», expuso.
Barrios detalló que en el caso de JOH, por estar guardando prisión en EEUU, debería pagar con los bienes que se le incautaron recientemente en Honduras.
De su lado, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, coincidió en que el pago de la sentencia debe cargarse en los congresistas que aprobaron la destitución de magistrados.
«Los políticos siempre van a actuar de sus intereses de momento… Bajo la repetición establecida en la Constitución, la sentencia debe cobrársele a los diputados que votaron a favor. No es justo que de los impuestos debamos pagar estas indemnizaciones», expresó.
Un precedente para la función judicial
Ante la sentencia, la actual presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, expresó que representa un precedente para la función judicial de Honduras.
«El Poder Judicial manifiesta su plena voluntad y compromiso para el cumplimiento de la misma, en lo que respecta a este Poder del Estado. Recalcamos que esta sentencia es un precedente importante para la función judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática», indicó.
Agregó: «seguimos adelante con nuestra misión de administrar justicia de manera imparcial y eficiente. En beneficio de la sociedad hondureña y en cumplimiento de nuestros compromisos internacionales».
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Por su parte, la PGR emitió un comunicado señalando que coordinará las acciones para cumplir la condena emitida por la CIDH.
«La PGR hace suyo el compromiso de seguir aportando en la construcción de instituciones sólidas y al respeto de los poderes constituidos», cierra el escrito.
Mensaje al pueblo hondureño
A criterio del jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Jhosy Toscano, más allá de la millonaria deuda, el pueblo hondureño debe reconocer el daño nefasto que causó JOH y debe realizar la exigencia del respeto al Estado de derecho.
«La sentencia viene a establecer un orden democrático y respeto al Estado de derecho. Los gobernantes de turno deben entender que el Gobierno no es un ente privado que pueden manejar a sus anchas», señaló.
Criticó que el cobro de la indemnización será pagado del «bolsillo del que no tiene que comer, que no tiene acceso a la salud. Del hondureño de bien, que es más que la minúscula clase política que gobierna».
La sentencia deja en evidencia que durante décadas, los gobernantes y la clase política han tomado decisiones por intereses partidarios, dejando de lado al pueblo hondureño.