El sector empresarial no suelta el grito en el cielo por la carga tributaria que afecta la actividad económica, y, asimismo, desanima nuevas inversiones e incluso provoca desinversiones.
Los efectos de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, diseñada prácticamente para atender el déficit fiscal, se concentran en el incremento de una presión tributaria de casi 17%, la más alta de América Central, que incide en la pérdida del poder adquisitivo de la población.
La meta de recaudación tributaria del gobierno para este año es de casi 73,7 mil millones de lempiras, cerca de 7,0 mil millones más que el año anterior, merced a la ampliación de la base contribuyente, con fuerte impacto en la mediana, pequeña y microempresas.
A la par de ese sacrificio, de duro contenido de impuestos indirectos, que caen a plomo sobre los consumidores en general, pero todavía con más acento en las capas asalariadas menos favorecidas, el despilfarro de dinero público para propaganda y campaña política oficial sigue en ascenso.
Como bien apunta el economista Hugo Noé Pino, “la carga tributaria continúa basada en impuestos indirectos, lo que reduce la capacidad adquisitiva del 70% de las personas que cumplen con el pago de impuestos”.
Aunque el gobierno promete que no creará más impuestos ni aumentará los existentes para 2016, posiblemente –de igual manera que en ocasiones anteriores— será tentado a incumplir su juramento, debido al cúmulo de consecuencias negativas de esta política contractiva de la actividad económica.
La situación del Estado, como responsable del bienestar social, a través de la relación equilibrada en la producción, es actualmente en Honduras una utopía. Esto es así porque la privatización de los recursos nacionales le quita las fuentes de ingreso económico, lo que, al mismo tiempo, se traduce en privatización de los servicios públicos.
En esas condiciones, el endeudamiento público va continuamente en escalada, generando mayor presión tributaria sobre la producción, pérdida progresiva del valor real monetario (devaluación) y del poder adquisitivo general, acumulación de riqueza en pocas manos, y expansión de la desigualdad social y la pobreza.
Los megaproyectos anunciados por el gobierno, verdaderos cantos de sirena, no tranquilizan a futuro ni engañan a los incautos. Enloquecen, eso sí, a los mismos inventores de esos cuentos Eldorado. Lo que en verdad tenemos es, a la par del “impuesto de guerra” de la criminalidad local, una guerra de impuestos oficial.
