TEGUCIGALPA, HONDURAS. El ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, anunció que el Gobierno de Honduras no descarta «intervenir o adquirir» las diferentes plantas generadoras de energía que operan actualmente en el país.
El funcionario compareció la noche de ayer, martes, en cadena nacional de radio y televisión. Fue en este espacio donde brindó mayores detalles sobre la actual crisis de generación de energía que atraviesa el país.
Asimismo, Tejada destacó que durante los 16 meses de gobierno de la presidenta Xiomara Castro se ha marcado un antes y después en el subsector eléctrico y es justamente a través de la nueva Ley Especial de Energía.
Esta normativa, según detalló el ministro, «faculta para intervenir y adquirir las plantas (generadoras de energía) si fuese necesario».
Lea además: Apagones programados ponen a prueba la ya débil economía nacional
Vea el vídeo:
[jwp-video n=»1″]
Sabotaje a nivel nacional
Durante la cadena nacional, el ministro de Energía, destacó que en este momento se está enfrentando un sabotaje a nivel nacional. A su vez, comunicó que cada acción de daño o de destrucción intencional en la generación y prestación del servicio está documentada.
Asimismo, mencionó que las interrupciones-apagones a nivel nacional son resultado de la poca disponibilidad de energía térmica.
También, Erick Tejada comentó que el Gobierno de Honduras no va detener la inversión en la transmisión, distribución y contratación de potencia firme, hasta garantizar la prestación del servicio y asimismo la reparación de los daños y destrucción provocada.
De la misma manera, resaltó el sabotaje del que fue víctima la central hidroeléctrica Patuca III. En este caso ya existe una línea de investigación abierta por parte del Ministerio Público.
El ministro detalló que otra de las causas del problema de la energía es la existencia de 115 contratos y que nunca entraron en operación.
Por último, sentenció que a los actos de sabotaje se les debe sumar el boicot sistemático de los «apologistas» defensores de los pueblos, pero que nunca denunciaron las ilegalidades y contratos abusivos de las administraciones pasadas.
