EEUU.- La organización internacional Global Witness responde a las demandas y críticas de las que ha sido objeto en un nuevo comunicado de prensa.
En dicho comunicado expresan estar profundamente consternados por la respuesta de representantes del Estado. Así como también de la reacción de algunas empresas ante su informe titulado Honduras – el país más peligroso para defender el planeta.
Posterior a la publicación de dicho informe, ningún funcionario público reconoció el informe -o siquiera parte de el mismo- como correcto. Por tanto, no hubo ningún tipo de compromiso a proceder de manera legal ante lo ahí demostrado.
Esto, según Global Witness, «resulta preocupante». Para ellos queda claro que «no se reconocen los riesgos que afectan las personas que defienden los derechos humanos. Y el medio ambiente en el país y la necesidad de proteger sus vidas».
Lo que sí han recibido de sobra es críticas y refutaciones.
De acuerdo a Global Witness, el informe realizado se basa en una investigación que tomó más de 2 años.
Además, explican que se refiere en el mismo a documentos oficiales. Y también que se enmarca en el derecho tanto hondureño como internacional desde una óptica de los derechos humanos.
En el informe se hacen 250 referencias, muchas de ellas provenientes de documentos del mismo gobierno.
¿Para desprestigiar a Honduras?
Según algunas figuras públicas señaladas en el informe, su objetivo es el de desprestigiar a Honduras. Y en esa orden, detener de alguna manera el desarrollo económico del país.
Según Global Witness, el objetivo real es:
«Solidarizarnos con los hondureños, quienes se empeñan por un país libre de corrupción, una vida sin abusos y por la libertad de expresión».
Además, explican que lo elaboraron con el «fin de aportar a un cambio positivo en el país».
«A través del cual las y los defensores de la tierra y el medio ambiente serían protegidos para poder llevar a cabo su trabajo y su defensa legítima de los derechos de todos los hondureños», agregan.
Llaman a la acción
En su comunicado de prensa, Global Witness pide que el Ministerio Público investigue los hechos narrados en el informe.
Así como también se le exige al Estado protección a los defensores de derechos humanos en el país.
