San Pedro Sula. El gerente de la Dirección Municipal de Proyectos de San Pedro Sula, Carlos Pacheco, rehusó referirse a los contratos que suscribió la alcaldía con 55 contratistas por valor de 64 millones 414 mil 639 lempiras, mediante contratación directa.
Según el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en 2022 la Municipalidad de San Pedro Sula suscribió estos contratos. Y algunos proyectos contenidos en ellos se siguen ejecutando actualmente pese a que en las bases de contratación se estipulaba un término de finalización de 30 días, aunque sí se reconoce que el pago se hará hasta que la obra esté concluida.
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No obstante, toda la inversión pública que la alcaldía pactó se adjudicó por la vía directa; es decir, sin pasar por ningún proceso de licitación.
En tal sentido, Diario Tiempo contactó con la oficina de la Dirección Municipal de Proyectos, a cargo del ingeniero Carlos Pacheco, quien rehuyó responder bajo el argumento de que la adjudicación de los proyectos no es un tema de su competencia.
Obras de infraestructura
Los 55 contratos están suscritos con empresas dedicadas a la realización de obras de infraestructura y cuentan con la firma de la autoridad municipal y de los proveedores de los servicios.
Sin embargo, no se establece qué criterio definieron para escoger a estos últimos.
La mayoría de los contratos corresponde a la reparación y mantenimientos de calles pavimentadas y no pavimentadas en la ciudad, además de algunas obras ejecutadas en el edificio de la municipalidad.
No obstante, haberlos adjudicado sin someterlos previamente a una licitación pública no hace más que revestir de opacidad el trabajo, algo que Pacheco tampoco quiso explicar.
Opacidad del proceso
¿Cómo manejar entonces los cuestionamientos de quienes piensan que la contratación directa incentiva la corrupción?
La transparencia en el funcionamiento de todas las instituciones públicas, el acceso a la información veraz y oportuna sobre la gestión, así como la rendición de cuentas a la sociedad son elementos esenciales para el avance democrático, según el propio portal del IAIP.
No obstante, la negativa a facilitar información al respecto sobre quién decide a quién contratar, da pie a diversas interpretaciones, pese a que los contratos suscritos destacan que el pago por los servicios se hará de conformidad con la ley.
El IAIP, además, deja claro que rendir cuentas es, sobre todo, “una obligación ética, que asegura al ciudadano que los recursos con que él contribuye son utilizados de manera honesta y eficaz”.
Sin embargo, al no haber claridad deja la duda sobre si siguiendo esta línea todos los contratos de la MSPS, en lo sucesivo, serán por la vía directa, pues tampoco se esclarece cómo se selecciona a los contratistas.
